TIJUANA, EP, 02/06/2018.- A falta de atención del gobierno para darles seguridad, residentes de San Quintín, solicitaron a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ensenada, para buscar que el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) los apoye para que a los comerciantes y ciudadanos les brinden protección de agentes federales que con amenazas los extorsionan.
A manera de cobro de piso, como lo hace el crimen organizado, los agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), acuden con los comerciantes para exigirles diferentes cantidades de dinero y les advierten que esa cantidad la deberán entregar cada mes, dijo Alfredo Aviña Galván, representante de la Canaco, en el Puerto.
Las declaraciones de Aviña Galván, confirmaron lo que ya con anterioridad habían denunciado algunos otros residentes de San Quintín, que aseguraban que los vecinos de esa zona del Estado, eran víctimas de la delincuencia porque los vecinos ya se hallaban aterrorizados.
Sin embargo, las declaraciones que hizo Alfredo Aviña, dejó claro que son los agentes quienes tienen amenazados a los residentes de esa zona de Ensenada, porque los mantienen amenazados para obligarlos a que entreguen la cantidad de dinero que les exigen.
En la conferencia también habló la señora Teresa de Jesús Ríos Pérez, quien “le echó más leña al fuego”, al decir que junto a su familia fue víctima de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) porque llegaron a su domicilio con intención de realizar un cateo, pero aunque su esposo les pedía le mostraran la orden del juez, ellos solamente le mostraban un documento desde lejos, pero nunca le permitieron que lo leyera.
En su narrativa sobre los hechos, dijo que con el propósito de que no hubiese mayor problema con los “PEPos”, dijo, su esposo les dio acceso a su casa y pudieron comprobar que no había armas, como lo dijeron cuando anunciaron que era su objetivo, pero aclaró que ella no se encontraba al momento y solamente a un pequeño cuarto no había acceso porque es un lugar que su esposo lo utiliza para guardar sus cosas de Surf, que practica.
“La llave de ese espacio la traía conmigo y por eso mi esposo me llamó por teléfono. Yo le dije que no tardaría en llegar y que esperaran, pero se negaron y lo obligaron a que rompiera el candado para que pidieran ver lo que había en el interior”, precisó la denunciante.
Ante tales hechos, decidieron presentar una denuncia y logró conocer el nombre del oficial que encabezaba el operativo, siendo Francisco Ibarra González, a quien señaló en su denuncia para pedir que se esclarecieran los hechos en los que los acusaban de almacenar armas en su casa.
Todo eso lo hicieron saber hoy a los medios, con el propósito de que el gobernador y el secretario de seguridad pública del estado les brinden la seguridad que todo ciudadano reclama porque consideró que, como gente de bien, tiene ese derecho.
Cabe señalar, que al recibir en nuestra redacción los datos sobre los hechos ocurrido en Ensenada, donde murió el Jefe de Inteligencia de la PEP, nos dimos cuenta que casualmente el agente fallecido era el mismo que la señora Teresa Ríos había denunciado por abuso de autoridad.
ExpedientePúblico
