MEXICALI, JUNIO 25, LINDERO NORTE, ANTONIO HERAS.- Organizaciones civiles de Estados Unidos libran una batalla legal contra la criminalización de los migrantes que llegan a ese país para buscar mejores condiciones de vida, solicitar refugio humanitario o asilo político, además de condenar las medidas de tolerancia cero de la administración de Donald Trump que separa a los menores de edad de sus padres durante su detención.
“Si realmente buscamos detener la separación de familias, debemos atacar las detenciones de migrantes”, sostuvo Mónika Langarica, del grupo de abogados de ABA Proyecto de Justicia Migratoria de San Diego.
Para la activista el problema no radica en este dilema, separar o detener familias enteras porque en sí una detención es una separación familiar y esta es la herramienta de la administración federal.
Reiteró que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en el sentido que la “detención de familias” no es la solución a la “separación de familias” ante esta modificación a la Ley Migratoria que no responde a la necesidad ni respeta los derechos humanos de las familias de migrantes.
En una protesta realizada frente al Centro de Detención de Migrantes de Otay Mesa, Estados Unidos, Langarica informó que la semana pasada llegaron a ese centro federal 500 personas adicionales a la población del lugar con lo que el número de detenidos llegó a “2 mil personas separados de sus esposas, de sus esposos, de sus niños de sus madre, de sus hermanos… totalmente de sus comunidades”, concretó.
Dijo que el Proyecto de Justicia Migratoria trabaja con las personas más vulnerables en los Estados Unidos porque aún sin ser criminales, están detenidos además de que ellos no tienen ninguna representación en los Estados Unidos, incluso son personas que no tienen acceso a abogados y mucho menos a la justicia.
Otras agrupaciones civiles, a través de mecanismos de contactos y redes sociales, se movilizan al detectar casos concretos de defensa en los centros de detención migratorios que existen en ese país y organizan manifestaciones en contra de la política antimigrante de Trump, como es el caso de la protesta de este sábado 30 de junio por la mañana frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, convocada por la Coalición de los Derechos Humanos de Inmigrantes, la de Keep Families Together celebrada el 22 de junio en el Centro de Detención de Otay, administrado por Core Civic, una empresa privada señalada de financiar campañas de congresistas.
La organización Al Otro Lado mantiene una actividad permanente de apoyo jurídico a los 228 peticionarios de refugio de la Caravana del Migrante que iniciaron trámites el 4 de mayo dene 2018 en el puerto fronterizo de San Diego y al ser trasladados al Centro de Detención de Otay Mesa fueron separados los 123 menores de edad centroamericanos.
Desde el sábado, la abogada Nicole Ramos convocó a abogados en Texas para defender a un migrante centroamericano de esta caravana que está detenido en el centro de Conroe. Incluso solicitan la colaboración ciudadana para que los apoyen con la traducción de inglés al español se documentos a utilizarse en juicios.
En tanto, la organización L4GG (Abogados por un buen gobierno) anunciaron que lograron conjuntar a mil 500 litigantes para la defensa de estos migrantes detenidos en estaciones de Estados Unidos con la intención de reintegrarlos con sus hijos.
Esta organización inició actividades en 2017 y en septiembre movilizó a 5 mil 400 abogados en respuesta al anuncio de rescisión del DACA y atendieron a 130 mil dreamers a cumplir con el plazo de renovación.
TOLERANCIA CERO
El 5 de mayo, Trump estableció una serie de medidas contra la migración ilegal para evitar que Estados Unidos se convierta en un “campo de refugiados” durante su mandato lo que originó que el Servicio de Migración separa a 2 mil 342 niño
