TIJUANA, JUNIO 1, 2019.- La denominada Ley Antilavado es una ley imperfecta que requiere ser analizada a profundidad en cuanto a sus repercusiones económicas, donde el patrimonio de los contribuyentes está en juego.
Así lo señaló la Lic. Jeaneth Ayala Archundia, especialista en prevención de lavado de dinero, certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien impartió una conferencia ante el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) que preside el C.P. Leonardo Méndez Cervantes.
La abogada y contadora expuso que la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en 2012, y entró en vigor en 2013, la cual solo ha tenido una modificación en 2018.
Sin embargo, dijo, esa normatividad tiene varias áreas de oportunidad, ya que tanto los colegios de contadores de la zona noroeste como la academia de contadores, han analizado los predictámenes que están en la Cámara de Senadores.
Por tal motivo, señaló, el gremio diseñó un proyecto de iniciativa que fue entregado este año a la diputada Martha Patricia Ramírez, en el que proponen que se esclarezcan algunos conceptos de la normatividad.
Asimismo, expuso que el procedimiento sancionador debe ser incluido en la ley y no en una ley supletoria, y que la misma ley contemple un cumplimiento extemporáneo y espontáneo sin multas, si se hace previo al inicio de las facultades de la ley.
“Al día de hoy, si no cumples en tiempo y forma, la multa que viene es entre 845 mil y 5 millones de pesos, por cada uno de los avisos no presentados, de ahí que estamos proponiendo que haya la posibilidad de actualizarse de manera voluntaria, sin esas multas que son enormes”, apuntó.
Al respecto, el presidente del CCPBC dijo que se trata de una ley imperfecta que perjudica a la comunidad empresarial, ya que no permite el que los sujetos obligados se pongan al corriente.
Para finalizar, estimó que una vez que el predictamen pase a la Cámara de Diputados, el gremio de contadores y abogados será escuchado y se tomarán en cuenta sus propuestas de modificación.
es una ley imperfecta que requiere ser analizada a profundidad en cuanto a sus repercusiones económicas, donde el patrimonio de los contribuyentes está en juego.
Así lo señaló la Lic. Jeaneth Ayala Archundia, especialista en prevención de lavado de dinero, certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien impartió una conferencia ante el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) que preside el C.P. Leonardo Méndez Cervantes.
La abogada y contadora expuso que la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en 2012, y entró en vigor en 2013, la cual solo ha tenido una modificación en 2018.
Sin embargo, dijo, esa normatividad tiene varias áreas de oportunidad, ya que tanto los colegios de contadores de la zona noroeste como la academia de contadores, han analizado los predictámenes que están en la Cámara de Senadores.
Por tal motivo, señaló, el gremio diseñó un proyecto de iniciativa que fue entregado este año a la diputada Martha Patricia Ramírez, en el que proponen que se esclarezcan algunos conceptos de la normatividad.
Asimismo, expuso que el procedimiento sancionador debe ser incluido en la ley y no en una ley supletoria, y que la misma ley contemple un cumplimiento extemporáneo y espontáneo sin multas, si se hace previo al inicio de las facultades de la ley.
“Al día de hoy, si no cumples en tiempo y forma, la multa que viene es entre 845 mil y 5 millones de pesos, por cada uno de los avisos no presentados, de ahí que estamos proponiendo que haya la posibilidad de actualizarse de manera voluntaria, sin esas multas que son enormes”, apuntó.
Al respecto, el presidente del CCPBC dijo que se trata de una ley imperfecta que perjudica a la comunidad empresarial, ya que no permite el que los sujetos obligados se pongan al corriente.
Para finalizar, estimó que una vez que el predictamen pase a la Cámara de Diputados, el gremio de contadores y abogados será escuchado y se tomarán en cuenta sus propuestas de modificación.
