TIJUANA, ABRIL 13, 2021.- Ante medios de comunicación, invitado por la Asociación Nacional de Periodistas AC (ANPAC), capítulo Baja California, el licenciado Carlos Atilano Peña, candidato a gobernador, abanderado por el PBC, expuso su Plan o Estrategia de Seguridad para el Estado de Baja California.
Como punto medular de su propuesta señaló el aprovechamiento de las tecnologías para combatir la delincuencia, por ejemplo, dijo que solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) un convenio para armar a los ciudadanos, pero desarmar a los delincuentes.
“Se trata de que, mediante unos aparatos especiales, se detecten en los vehículos a las personas que portan armas, ya sea en sus ropas, cajuelas u otros compartimientos de los autos, y, por otro lado, que se simplifiquen los trámites para que los ciudadanos puedan obtener un arma para su legítima defensa”, explicó.
El candidato a gobernador, postulado por el Partido de Baja California (PBC) precisó que, con los debidos permisos, controlados, los ciudadanos puedan contar con un arma en sus casas, y/o en sus pertenencias, para su legítima defensa, ante el ataque de algún delincuente, y que, incluso, en las casas o entradas a las privadas se advierta en letreros que los inquilinos poseen armas autorizadas.
“Eso inhibirá a los delincuentes; pero, sobre todo, antes que eso, debe desarmarse a los delincuentes, mediante sistemas de detección de armas, en las carreteras, y en las vialidades urbanas, así como en las aduanas”, puntualizó.
Asimismo, solicitará a la Secretaría de Gobernación combatir la corrupción que todavía se percibe en el tráfico de armas y otros contrabandos “hormiga”, de Estados Unidos a nuestro territorio mexicano.
Luego de calificar de inútil la fusión de la Secretaría de Seguridad con la policía ministerial, ahora llamada Guardia Estatal (GESI), Carlos Atilano reiteró que va a separar las corporaciones policiacas del estado, para que se dediquen con efectividad a lo suyo: unos a la prevención, y otros a la investigación de los delitos, cada cual con protocolos de operación bien definidos.
Por otra parte, confirmó que cambiará de fiscal, y, si no hubiera manera de cambiar al actual fiscal de Justicia, le solicitará ser imparcial y no proteger a ex funcionarios y ex gobernantes, o presente su renuncia; para lo cual, también propondrá al Congreso reformas legislativas para garantizar que no habrá más fiscales compadres.
Finalmente, aclaró que la coordinación policiaca de los tres órdenes de gobierno no es de carácter voluntaria, sino que es una obligación Constitucional, y, como abogado que es, hará que se cumpla la ley; “la coordinación debe ser un hecho, y dar resultados contundentes”.
