TIJUANA, ABRIL 21.- De las varias demandas de amparo promovidas, por la defensa legal del Club Campestre, en ninguna se ha acordado una suspensión de los actos reclamados que pueda detener el procedimiento de expropiación en marcha, reveló la Secetaría General de Gobierno en Baja California que encabeza el Doctor Amador Rodríguez Lozano.

El Secretario Rodríguez Lozano, informó que desde el pasado 17 de marzo los abogados del Campestre presentaron la primera demanda de Amparo (de varias que han exhibido) en contra del procedimiento de expropiación del predio donde se ubica el Club Social y Deportivo Campestre, las cuales, sostuvo “no han tenido éxito jurídico”.

El Doctor Rodríguez Lozano dijo que la admisión de la primera demanda de amparo fue impugnada por el Gobierno de Baja California y el recurso de queja fue admitido, por lo que esa queja provocará que ese amparo se vaya a los Tribunales Colegiados varios meses, quedando sin efectos jurídicos durante todo este período de expropiación.

Pero, además, todo indica que ese recurso será procedente por lo que en la práctica dichos amparos serán “destruidos” (sobreseídos) por dos errores en el  razonamiento de la defensa jurídica:

a) Un defecto en su elaboración

b) La vía que se escogió.

El titular de la SGG dijo que por si todo lo anterior fuera poco, en ese amparo el juez solicitó una garantía de 200 mil pesos al Club Campestre y sus abogados (quienes ya la exhibieron).

Para Rodríguez Lozano,  si bien han demostrado que tienen recursos para exhibir la garantía, esto no les ha generado ningún logro jurídico sólido.

Agregó además que apenas ayer, es decir, nueve días después de que se publicó la Declaratoria de Utilidad Pública, se apersonaron los abogados del Club para averiguar en qué consiste el proyecto técnico y el proyecto de Decreto de Expropiación, lo cual es extraño sobre todo porque el plazo legal dicta 15 días hábiles y los abogados inexplicablemente tardaron 9 días en revisar dicha declaratoria.

Para el Secretario Rodríguez Lozano, “este tipo de resultados jurídicos siguen demostrando que el Gobierno de Baja California tiene la razón” Y tanto está firme el compromiso de destinar el predio que ha ocupado el Club Campestre para el beneficio de más de un millón y medio de tijuanenses.