TIJUANA, OCTUBRE 10, 2018.- Para los jueces el desvío de fondos millonarios en la institución Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California CECYTEBC no tiene lugar.
La demanda por 55 millones de pesos fue presentada por el gobierno de Baja California, en lo que representraría la primer vez que esta institución habría sido manchada en su reputación, e en el ámbito del manejo de recursos financieros públicos.
Para el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Contencioso Administrativo no se logró probar tal desvío de dinero ni para el caso “pecualdo”.
Cabe mencionar que la denuncia es vieja todavez que en marzo del 2009 el gobierno de Baja California advirtió un faltante y señaló a seis servidores públicos a los que acusó abiertamente de daño patrimonial.
Este asunto judicial que involucró a seis, como hemos comentado en esta nota informativa, se encuentra en el Juzgado Quinto de lo Penal.
Como esta nota se centra en la consecuencia jurídica de la resolución agregaremos que cinco han sido absueltos ya penalmente y curiosamente sólo el del exdirector Juan Carlos Jiménez Payán se mantiene en proceso.
Esto es más que ocioso puesto que las mismas pruebas que esgrimieron los cuatro exhonerados son las mismas que ha presentado este último inculpado.
Pero lo más sorprendente es que mientras que Jiménez Payán sigue en proceso; en contraste, los cuatro referidos ganaron incluso la reinstalación en sus puestos y se ordenó regresaran a sus antiguos puestos de trabajo.
De igual forma, al valorarse las pruebas exhibidas por la de Dirección de Auditoría Gubernamental fue determinado que estas pruebas eran inconsistentes para emitir incluso una sentencia o una sanción administrativa.
Es importante señalar que el director de Auditoría Gubernamental José María Armendáriz en su momento acusó no solo al director general del CECYTEBC, José Carlos Jiménez Payán, sino a la directora de Administración y Finanzas Josefa Morales González, al director de Planeación e Infraestructura Mario Antonio Rivas Rangel, a la jefa de Recursos Humanos Bhavany del Carmen Aguirre Ponce, al jefe de Adquisiciones y Servicios Bernardo Ibarrola Zazueta y al jefe de Recursos Financieros Juan Francisco Torres Ávalos, este último ya fallecido (qepd).
Fue en la administración de José Guadalupe Osuna Millán cuando se acusó que había un daño patrimonial por unos 55 millones de pesos por lo que inició procedimientos sancionatorios por desvío de recursos públicos y dio vista a la Procuraduría General de Justicia de Baja California por la presunción de delitos: peculado, enriquecimiento ilícito y uso de facturas apócrifas.
Los tribunales administrativos y penales determinaron la inocencia de los involucrados por desvanecimiento de pruebas por lo que sus expedientes fueron destruidos.
En otras palabras, la auditoría gubernamental de la Contraloría del Estado nunca presentó pruebas fehacientes del desvío de recursos publicos y, por ende, de peculado.
En un litigio la valoración de pruebas implica la absolución de toda culpa del imputado y se infiere que las acusaciones fueron infundadas para comprobar su responsabilidad en algún ilícito. En el ámbito administrativo existe una figura similar: pruebas insuficientes.
La contadora Josefa Morales fue detenida el 17 de mayo de 2009 en la garita de Calexico cuando llevaba a su madre a un doctor de California. Luego de estar presa por cuatro años -lapso en el que falleció su mamá- un juez ordenó su libertad absolutoria el 21 de marzo de 2013.
En este litigio a punto de concluir toda vez que hay un caso pendiente, el de
Jiménez Payán detenido la noche del 13 de marzo de 2009 en el sótano del edificio del Poder Ejecutivo cuando se dirigía a una reunión convocada por el secretario General de Gobierno José Francisco Blake Mora. Los agentes ministeriales ya lo esperaban agazapados en el elevador del gobernador.
PRUEBAS INVENTADAS
Mario Rivas fue declarado inocente de los delitos que le imputó la Auditoría Gubermsnrbtal del Gobierno de Baja California y lo exoneraron de la sanción administrativa por supuedto desvío de recursos.
El Tribunal de Justicia Superior de Baja California determinó la
