TIJUANA, JULIO 05, 2020. Por segundo día consecutivo, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, se reunió con los colonos del Fraccionamiento Residencial San Marino para revisar la propuesta del Colector Costero, que coadyuve a erradicar la problemática del derrame de aguas negras al mar; lo cual además origina un problema de salud pública.
En las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), el mandatario estatal, acompañado de funcionarios estatales, dijo que es importante atender esta problemática porque los malos olores que se desprenden de las aguas negras representa un foco de infección para niñas, niños y adultos mayores que habitan en esa zona, que se sitúa en las inmediaciones de la carretera de cuota Tijuana- Playas de Rosarito.
Como se recordará, el sábado pasado el gobernador del Estado y el director de la CESPT, sostuvieron un diálogo con los vecinos de dicha zona residencial, donde constataron que tienen solo plantas temporales.
El director de la CESPT, Rigoberto Laborin Valdez, se refirió al proyecto del Colector Costero, que la administración pasada dejo “frenado”, acordando entre los presentes, por indicaciones del mandatario estatal, darle agilidad al mismo, por lo que se evaluarán las condiciones y la actualización de los precios; el costo de esta obra es de 600 millones de pesos y comprende 14 kilómetros (de Real del Mar a Playas de Rosarito).
En esta reunión con el gobernador, quedó de manifestó la irresponsabilidad de algunos desarrolladores inmobiliarios que venden a la gente, sin los servicios previamente instalados, lo cual puede ser motivo de una denuncia, de ahí que, el gobernador afirmó que debe existir “cero tolerancia”.
El jefe del ejecutivo estatal, aseguró que los habitantes no tienen la culpa de depositar la confianza en los desarrolladores, sin embargo, aún cuando la autoridad los apoye deben cumplir con el pago de sus derechos de conexión, que es responsabilidad de todas y todos.
Recordó que del pago de las “aguachicoleras” se han recuperado más de 600 millones de pesos que son canalizados a proyectos de gran impacto en materia de agua y drenaje; y refirió que tan solo la desarrolladora URBI debe al organismo operador del agua en Tijuana mil millones de pesos.
En este encuentro participó también el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección al Agua (SEPROA), Salomón Faz Apodaca y el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, entre otras autoridades.
