TIJUANA, JULIO 22, 2020. El Gobierno del Estado de Baja California tiene ya un total de 994 empresas auditadas y dictaminadas como “aguachicoleras”, cuyos montos de deuda por consumo no contabilizado o derechos de conexión, son por $2,324 millones de pesos, de los cuales han sido ya recuperados o recabados poco más de $756 millones de pesos (mdp) en los meses recientes.
Esto lo reportó la secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP), Vicenta Espinosa Martínez, al informar ante el gobernador Jaime Bonilla Valdez, sobre las acciones que su dependencia ha ejecutado, conjuntamente con las auditorías realizadas por la firma privada Fisamex, a la que reconoció como eficiente y por lo cual se le paga una comisión del 20 por ciento de lo “recuperado”.
La funcionaria respondió a una pregunta ciudadana formulada durante la transmisión en vivo, aclarando que tal porcentaje es menor en 5% a lo que la anterior administración había convenido con la misma auditora, a la que contrató pero no le cumplió porque no convino los resultados arrojados que evidenciaban la “cloaca” en la que convirtieron a la CESPT.
“No solamente se le paga menos porcentaje a Fisamex, si no que quedó acordado que se le pagará una vez que ingrese el pago del deudor o deudora a las cajas recaudadoras (de los organismos operadores de agua y drenaje), como es el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Previamente Manuel García, director de dicha firma, informó al detalle la complejidad de sus investigaciones con más de un centenar de subordinados que trabajan simultáneamente en Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y Tijuana, de donde ya tienen resultados.
Gracias al notable avance en este arduo trabajo encomendado por el Gobierno de Baja California, se ha podido detectar grandes empresas coludidas con ex directores y empleados de confianza y sindicalizados, para fraudear al Gobierno del Estado, dijo la titular de la SHFP, al precisar que “…no únicamente señalamos, sino obligamos a que paguen o asuman su responsabilidad los grandes evasores de agua y drenaje que, tras de ser inspeccionados, en algunos casos se han resistido a hacerlo…”.
Manifestó la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, al gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, que ya suman 994 empresas dictaminadas en Baja California, las cuales adeudan $2 mil 324 millones 784 mil pesos, de los cuales se ha podido recuperar $756 millones 606 mil pesos.
La secretaria Vicenta Espinosa Martínez informó que a la fecha son 31 denuncias penales presentadas, así como 39 carpetas de investigación, en donde están involucrados 137 empleados o funcionarios del organismo operador de agua. En este punto, hizo notar el trabajo del actual Gobierno de Baja California que ha acumulado 39 carpetas de investigación desde noviembre pasado a la fecha; contrastando notablemente con las 10 que fueron formuladas por las anteriores autoridades, en 2019 fueron 10 y las 3 del 2018, evidencias del solapamiento oficial.
Al citar las anomalías que se desprenden de las carpetas de investigación, se refirió particularmente al concepto de “Defensa jurídica inadecuada, falta de seguimiento o abandono a los expedientes jurídicos”, en la que incurrieron directores jurídicos y abogados al servicio de los organismos operadores de agua y drenaje; como ejemplo, hizo mención a un convenio signado por la administración pasada, cuyo seguimiento jurídico “se pierde” a dos días de concluir el período gubernamental del anterior gobernador Francisco Arturo “Kiko” Vega de Lamadrid, comprometiendo los recursos de esta administración por un monto de más de 100 millones de pesos.
Por lo anterior, la funcionaria estatal, dijo que tendrán que asumir su responsabilidad el ex director de la CESPT, el ex administrador y el ex director jurídico.
En el reporte de las investigaciones, la titular de la SHFP, reveló que luego de una denuncia anónima, se logró interponer una denuncia penal contra un empleado de la CESPT, en la categoría de “base” que por un periodo de 10 años pagó un consumo mínimo, una vez que “dañara su medidor” para que no tuviera lectura real.
Detalló que derivado de otra denuncia anónima, se interpuso una denuncia penal contra una fábrica de rines, situada en la avenida industrial de Tijuana, por “pasar agua sin autorización de este organismo (CESPT) y de manera clandestina, teniendo la tubería conectada al predio contiguo y una llave de jardín conectada a dicho predio”.
Por otro lado, en el ejercicio virtual de interacción con ciudadanos, preguntaron sobre lo publicado en un medio local referente a que la empresa Fisamex ha ganado más de $147 millones de pesos por las auditorías que ha realizado a las empresas “aguachicoleras”.
En este contexto, la secretaria contestó: “Tenemos un convenio de trabajo, se va a pagar conforme al convenio, en la cantidad que se recupere; lo siento por la empresa, si no pagan, pues no se paga. Estamos hablando de que los montos que se van a pagar es con lo recuperado.. Todo este dinero recuperado no se tenía, sin el apoyo de una empresa quizás no se hubiera recuperado”.
Enseguida intervino el gobernador para abundar: “Esta empresa ya estaba aquí, trabajando en el Gobierno del Estado, pero pasó una cosa muy curiosa, cuando la empresa Fisamex detectaba un robo el Gobierno del Estado y la CESPT lo hacían a un lado y negociaban directamente, por menos”.
Sobre las empresas dictaminadas y los montos de afectación, Espinosa Martínez, informó que en Tijuana suman 905 empresas, que registran un monto de adeudo por $ mil 986 millones 956 mil 564 pesos, de los cuales se ha recuperado $672 millones 733 mil pesos.
En el caso de Mexicali, son 38 empresas con un adeudo de $203 millones 740 mil 366 pesos, recuperados van 75 millones 442 mil 727 pesos; Tecate tiene 35 empresas dictaminadas con un monto a deber por $83 millones 592 mil 966 pesos, van recuperados $ mil 265 millones de pesos; finalmente, en Ensenada son 16 empresas referidas, con adeudo por 50 millones 494 mil pesos, quedan por recuperar 7 millones 065 mil pesos.
