TIJUANA, SEPTIEMBRE 2,2020.- Los dictámenes efectuados por el Gobierno de Baja California, por conducto de la auditora Fisamex, contra las grandes compañías deudoras de agua y otros conceptos, que les ha dado el adjetivo de “aguachicoleras”, están acreditados y apegados a la legalidad.
Así coincidieron en señalar la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez y el director de Fisamex, Manuel García, al responder a los señalamientos hechos por algunos organismos y centros empresariales, que argumentan que la metodología que sigue la auditora no es la adecuada.
La titular de la SHFP dijo que se integrarán peritos que trabajarán, en este caso, con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, para acreditar las denuncias.
No obstante, la secretaria Vicenta Espinosa Martínez instó a los representantes de las compañías inconformes con las respectivas auditorías y los dictámenes de los que se desprenden los millonarios adeudos que tienen con los organismos operadores de los servicios de agua y drenaje, en Baja California, que presenten con fundamento y sustento sus alegatos y pruebas para rebatir los cargos en sus expedientes.
El director de Fisamex expuso que son alrededor de 10 empresas que, aún inspeccionadas, auditadas y dictaminadas con irregularidades en sus conexiones, adeudos por consumos de agua no contabilizados y hasta conexiones ilegales y ocultas, siguen operando; en este sentido, habló de algunos casos a manera de ejemplos, entre ellos el Hotel La Quinta, en Tijuana.
“Este hotel tiene 48 años, pero fue hasta en el 2008 cuando celebró el contrato con el organismo; ayer (1 de septiembre) realizamos una visita donde verificamos que está suspendido el servicio, pero siguen operando”, dijo el ingeniero Manuel García, al tiempo de mostrar imágenes que comprueban su dicho.
Tanto la titular de la SHFP como el director de FISAMEX, hicieron referencia igualmente a la empresa propietaria-administradora del Hotel Palacio Azteca (Tijuana), anteriormente señalado por adeudo ante la comisión; del cual se dijo, “subió su facturación, soldó su medidor y no ha pagado su adeudo”.
En este tema, intervino el gobernador Jaime Bonilla, para explícitamente instruir al Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, a que se atienda este asunto con inmediatez y respalde las acciones a tomar por la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), la CESPT y la misma Secretaría de Honestidad y Función Pública, a fin de suspender el suministro de agua en tanto no pague el adeudo millonario y regularice sus conexiones.
Al tocar este punto, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, expresó: “Este señor (en alusión clara al dueño del hotel Palacio Azteca) es un extranjero que vino a invertir; nos dijo que nos iba a ´salvar la vida´ porque iba a generar trabajo, pero roban y no pagan impuestos; debe cuatro millones de pesos, pero todavía va y solda (la tapa del medidor) ¿cuánto está pagando a los servidores públicos para hacer esto?, ha sido una vergüenza la corrupción al interior de la CESPT”.
Con respecto al avance en las investigaciones sobre empresas “aguachicoleras”, la secretaria Vicente Espinosa, informó que han sido dictaminadas en el Estado 1,603 empresas que adeudan un monto global de $3,635 millones 719 mil pesos, cantidad de la cual se ha podido recuperar $1,040 millones 637 mil pesos.
Detalló que en Tijuana se han recibido 31 denuncias ciudadanas sobre “aguachicoleras” que están bajo investigación y ya han formulado 43 denuncias penales y 760 carpetas de investigación que involucran a 680 funcionarios o empleados; en Mexicali ya son 88 las denuncias ciudadanas recibidas, 1 denuncia penal formulada y 200 carpetas de investigación con 215 funcionarios involucrados; en Ensenada suman 20 denuncias penales, 1 denuncia penal y 11 carpetas de investigación, con 4 funcionarios involucrados.
En Tecate son 16 denuncias ciudadanas presentadas, no hay ninguna denuncia penal interpuesta, 56 carpetas de investigación, con 10 funcionarios involucrados; en este sentido, la secretaria de Honestidad puntualizó: “En Tecate recibimos una denuncia anónima, no sabemos si es interna, ya la analizamos y es contra el director que tuvo que salir de esta administración, resulta que en diciembre ( pasado) hizo una posada, muy bonita, pero todo le costó al organismo y eso no estaba autorizado, esa denuncia ya se analiza”.
En relación a los conceptos que engloban las carpetas de investigación mencionó que se consideran los siguientes: Contrataciones irregulares, abuso de autoridad, faltante de tubería, inadecuada defensa jurídica (en las dependencias), cohecho, conflicto de interés, omisión, corrupción abuso de autoridad y se le suma tráfico de influencias.
Por otro lado, abundó sobre la denuncia penal por “clandestinaje de agua potable” interpuesta contra un empleado y ex empleado de la CESPT, una vez que se realizó una inspección a las instalaciones de la red de agua potable de los predios registrados a nombre de los denunciados y de las instalaciones de la Planta de Tratamiento en Punta Bandera.
“…Encontramos que se trata de inmuebles colindantes entre sí, donde se localizó una derivación clandestina a la red de agua potable, sin que este autorizada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana…”. Uno de los señalados trabajó en esta paraestatal y su hermano, corresponsable, sigue como empleado del mismo organismo.
Durante su participación, el director de Fisamex presentó el listado semanal de empresas inspeccionadas, auditadas y dictaminadas, que en esta ocasión suman globalmente un adeudo a las comisiones por $117 millones 317 mil pesos.
De las auditorías, abundó en el caso del Parque Industrial Valle de Calafia (Mexicali), del cual dijo, “…desde hace 13 años cuenta con los servicios, sin embargo, no han hecho ningún pago y casualmente hicieron el convenio ante el organismo hace poco, cuando se señaló el adeudo del Motel El Moro…”. El parque industrial tiene un adeudo por los conceptos de derechos de conexión de agua y alcantarillado por $19 millones 867 mil 113 pesos.
Las empresas auditadas por Fisamex en esta ocasión, sus montos y conceptos son:
• Oceana Casa del Mar (Playas de Rosarito): $1 millón 195 mil 433 pesos (derechos de conexión) y $1 millón 193 mil 916 pesos (agua no contabilizada).
• Reliable Container de México (Tijuana): $3 millones 405 mil 846 pesos (derechos de conexión)
• Fraccionamiento San Marino (Playas de Rosarito): $58 millones 815 mil 962 pesos (derechos de conexión)
• Trajuca Logistics (Mexicali): $2 millones 265 mil 635 pesos (derechos de conexión)
• Robert Bosch Tool de México (Mexicali): $7 millones 251 mil 139 pesos (derechos de conexión)
• Parque Industrial Valle de Calafia (Mexicali): $19 millones 867 mil 113 pesos (derechos de conexión).
• Super Aqua 2000 (Ensenada): $2 millones 098 mil 697 pesos (derechos de conexión) y $20 millones 565 mil 616 pesos (uso de la red de drenaje público).
• Casa Ley (Tecate): $658 mil 100 pesos (derechos de conexión).
