TIJUANA, ABRIL 14, 2020. Las ciudades de la frontera norte de México se han caracterizado por ser lugares de destino o tránsito de distintos grupos poblacionales. Si bien los flujos tradicionales de migración laboral mexicana indocumentada han disminuido en los últimos años, al pasar de 750 mil personas en 2008 a 45 mil en 2017, estos flujos han sido reemplazados por la llegada de personas deportadas y solicitantes de asilo a Estados Unidos. En el último lustro las ciudades fronterizas recibieron más de 200 mil mexicanos residentes en Estados Unidos que fueron deportados, y más de un millón de migrantes de otros países, incluyendo Cuba, Haití y los países del triángulo norte de Centroamérica que llegaron para intentar entrar a Estados Unidos.
En este sentido, los albergues de migrantes son la principal opción de hospedaje para las poblaciones en tránsito en las ciudades de la frontera norte. Otras opciones de vivienda son muy poco accesibles para la mayoría de los migrantes, por la precariedad de su situación económica, social y vital. Sin embargo, ante el escenario de riesgo que coloca el Covid-19 en diferentes sectores de la población, son los migrantes y los que laboran en estos albergues quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
El informe realizado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), “Migrantes en albergues en las ciudades fronterizas del norte de México”, de la serie Poblaciones vulnerables ante del Covid-19 y coordinado Marie Laure Coubes, Laura Velasco, Oscar F. Contreras, plantea que el hacinamiento compromete la efectividad de cualquiera medida de prevención, haciendo imposible guardar sana distancia y hace difícil mantener las condiciones de higiene adecuadas en los espacios de uso común; y que esta condición se encuentra principalmente en albergues recientes y emergentes que fueron habilitados para atender las llegadas masivas de migrantes.
El documento plantea que los albergues suelen estar habitualmente sometidos a fuertes restricciones de recursos para su operación cotidiana. En la actualidad, una presión adicional para la red de albergues proviene del hecho de que, ante la emergencia sanitaria, el gobierno de Estados Unidos ha emprendido deportaciones masivas de migrantes mexicanos y centroamericanos, lo que ha incrementado significativamente el número de migrantes que arriban a las ciudades de la frontera norte; y donde también el personal que labora en estos espacios representan otro grupo vulnerable, dada la movilidad propia de este grupo que incrementa la probabilidad de contagio, tanto para ellos mismos como para los migrantes a quienes atienden.
El documento también presenta una serie de líneas de intervención con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de los residentes de albergues y tener condiciones para aislar a contagiados, y de esa manera ayudar a reducir exponencialmente el riesgo de contagio de toda la población de la ciudad.
Este informe contó con la participación de Tito Alegría, Ietza Bojórquez, Camilo Contreras, Hilda García, Alfredo Hualde, Francisco Lares, Silvia Mejía, Dolores Paris Pombo, Miguel Ángel Ramírez.
