En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Población –11 de julio— la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno a reconocer la importancia de las dinámicas de población y el impacto del cambio demográfico y, en consecuencia, generar respuestas oportunas y políticas públicas de población con perspectiva de derechos humanos.
De acuerdo con datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se espera que la población universal alcance los 8,600 millones en 2030, 9,800 millones en 2050 y 11,200 millones en 2100. Conforme a cifras de 2017 difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), México tiene una población de 123.5 millones de personas.
La dinámica demográfica impone a los Estados importantes retos para alcanzar un nivel de desarrollo que promueva un mayor bienestar social, paz, prosperidad y oportunidades económicas para todas las personas, además de proteger el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, de acuerdo a los objetivos 1 y 10 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, convocan a poner fin a la pobreza y lograr la inclusión, respectivamente.
Conforme al Programa Nacional de Población 2014-2018 elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), México enfrenta importantes desafíos: el cambio en la estructura por edad de la población –incremento en las tasas de personas mayores- y, por consiguiente, alteraciones en el patrón de enfermedades y mortalidad, modificaciones en los patrones de movilidad, garantía en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y, la persistencia de antiguos rezagos demográficos que impactan en los contextos sociales de mayor marginación y vulnerabilidad.
“La Planificación familiar es un derecho humano” constituye el eje temático de la conmemoración del Día Mundial de Población de este año; esta celebración fue establecida en 1989 por la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población.
Acorde a los estándares internacionales, las autoridades deben garantizar que todas las personas sin distinción alguna puedan acceder a los servicios de planificación familiar, a la información y a los métodos anticonceptivos; estos deben estar disponibles en calidad y cantidad suficiente, ser accesibles y asequibles a efecto de que las personas decidan libremente sobre el número de hijos que deseen tener; salvaguardando la privacidad y confidencial de quien solicite información o acceda a esos servicios.
El acceso a una planificación familiar segura y voluntaria es un derecho humano. En ese orden de ideas, el artículo 4° constitucional establece que toda persona tiene la libertad de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas; de igual forma, este derecho se encuentra garantizado por el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los artículos 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y, los artículos 13 y 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este Organismo Nacional convoca a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a analizar los fenómenos de población y desarrollo desde un enfoque de derechos humanos, además, de proporcionar información y acceso a servicios de planificación familiar acorde a los estándares internacionales; así como a contar con información oportuna que permita orientar las políticas públicas y los programas institucionales, administrar los recursos e insumos y capacitar al personal de salud y de los sistemas educativos para hacer efectivo el derecho humano a la planificación familiar.
