MEXICALI, AGOSTO 27, 2020.- De manera unánime y con dispensa de trámite fue aprobada la iniciativa de la diputada Montserrat Caballero Ramírez, a fin de que el Congreso del Estado solicite a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California que, en el ámbito de sus competencias, emprenda acciones para erradicar y atender la violencia hacia las mujeres durante la Jornada de Sana Distancia, derivada de la pandemia por el virus COVID-19.
La iniciativa fue presentada ante el Pleno durante la reciente sesión virtual celebrada bajo la coordinación del presidente de la Mesa Directiva, diputado Julio César Vásquez Castillo.
La legisladora expuso que, en la Relatoría Especial de las Naciones Unidas, en torno a la violencia contra la mujer, se presentó en su Convocatoria COVID-19, el incremento de la violencia doméstica contra las mujeres, para hacer frente a la actual crisis de salud que conduce a un aumento de la violencia doméstica.
El documento de la relatoría advierte sobre la violencia contra la mujer y manifiesta que la violencia doméstica ha aumentado en muchos países, ya que las medidas que imponen el aislamiento obligan a diversas mujeres a permanecer en sus hogares bajo el mismo techo que los perpetradores, lo que incremente la vulnerabilidad a la violencia doméstica, al grado de llegar, incluso, a los feminicidios.
Caballero Ramírez subrayó que el riesgo se ha agravado “cuando por las circunstancias derivadas de la pandemia COVID-19, las intervenciones policiales han disminuido; se ha decretado el cierre de tribunales y existe acceso limitado a la justicia, además del cierre de albergues y servicios para víctimas”.
La diputada agregó que, “la relatora especial de las Naciones Unidas Dubravka Simonovic, plantea que los gobiernos no deben permitir que las circunstancias extraordinarias y las medidas restrictivas contra el COVID-19, conduzcan a la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Por otra parte -señaló-, “en nuestro país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hizo referencia a que en el mes de abril del presente año, inicio con veinte mil doscientas treinta y dos carpetas de investigación en todo el país, por el delito penal de violencia familiar, mientras que en febrero se contabilizaron diecisiete mil, setecientas noventa y cuatro carpetas por el delito de violencia familiar, es decir que, tan sólo de febrero a abril, se presentó un aumento de 2,438 casos.
Respecto a Baja California, la diputada Montserrat resaltó que “En el Centro de Justicia para las Mujeres, aunque con buenas intenciones, de manera apresurada e irresponsable se inauguró la primera etapa en octubre del 2019, siendo el principal objetivo de este centro, el de atender la violencia ejercida contra la mujer, pero la inauguración del mismo se realizó sin haberse efectuado con anticipación una planeación real para el correcto funcionamiento de esta importante institución, ya que se tenía la obligación, por mandato legislativo, de implementarlo como en todas las entidades federativas desde 2015”.
En consecuencia, añadió, no se ha logrado entrar en funcionamiento, “aun con los esfuerzos realizados por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, ya que se encuentra en revisión presupuestal para estar en posibilidad de concretar la activación y el correcto funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres.
Ante este panorama, Montserrat Caballero propuso que la Legislatura estatal solicite a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California (INMUJER), Karla Pedrín Rembao, que en el ámbito de sus competencias emprenda acciones para erradicar y atender la violencia hacia las mujeres durante la Jornada de Sana distancia, derivado de la pandemia por el virus COVID-19.
Además, exhortar, a la titular de la Secretaría de Inclusión Social y Equidad de Género Alma Sarahí Arellano Rosas y a la directora del Instituto Municipal de la Mujer de la ciudad de Tijuana, Priscila Velázquez Plascencia, para que informen a esta Soberanía el estado que guardan las acciones realizadas para concretar el funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California.
Finalmente, que esta XXIII Legislatura exhorte al Fiscal General del Estado de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, a fin de que siga fortaleciendo la atención e investigación de delitos por razones de género contra mujeres y niñas en el Estado, durante la Jornada Nacional de Salud, por motivo del virus COVID-19.
