Gabriela Martinez/ UNIVERSAL
TIJUANA, ENERO 18, 2019.- A Nicandro, por lo menos en dos ocasiones lo han bajado del taxi; su olor, le dijeron, invadió el espacio reducido y se clavó en la nariz de los ocupantes y del chofer. No era cualquier olor, le reclamaron, era un hedor que les recordaba la muerte.
Nadie en ese auto estaba equivocado, este hombre de mirada dura y los años encima trabaja desde hace más de una década en un edificio al que cada mes llegan alrededor de 350 cadáveres. Es el Servicio Médico Forense (Semefo) de Tijuana, que tiene capacidad para 150.
Se trata de una ciudad fronteriza convertida hoy prácticamente en la capital del homicidio en México, con 2 mil 518 personas asesinadas en 2018 —según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del estado—, además de otros 154 que son parte de la estadística de homicidios culposos, y el resto, de quienes mueren porque sí.
Pero es justo el aumento de la violencia lo que terminó por colapsar las oficinas del forense, un edificio de dos pisos con carencias no sólo de personas, sino de casi todo. Sin herramientas de trabajo suficientes para su personal y sin equipo para mantener la dignidad de quien alguna vez tuvo vida: los cuerpos.
La imagen del horror. En WhatsApp circula una imagen tomada desde un celular que evidencia la situación interna: es la fotografía de una pila de cadáveres boca arriba, las piernas enlazadas entre uno y otro, recostados sobre dos sábanas: una de tela blanca y otra roja. Desnudos, ensangrentados, torcidos… abandonados.
Con la imagen está el mensaje:
— ¿Y eso?
— No es un campo de concentración de los nazis, es el actual Semefo Tijuana.
Mientras Nicandro (nombre ficticio para evitar represalias) no recuerda la fecha de la foto, pero asegura que es real, otro empleado advierte que fue a fines de 2018.
“Eso ocurría por dos razones: porque el Ministerio Público tardaba en liberar los cuerpos… Semefo no tiene la capacidad de albergar tantos cuerpos ante la demanda de espacios. En ocasiones ha ocurrido algo en la actualidad —enero— pero sin llegar a ese punto”, lamenta.
El gobierno de Baja California se declaró incapaz de hacerse responsable por sí solo de la situación, y optó por llegar a un acuerdo con empresas particulares como funerarias para encargarse de recoger los cuerpos en las escenas de homicidio y entregarlos al servicio médico.
Aunque las responsabilidades de los trabajadores de esas compañías son unas, las necesidades son otras. “A veces los compañeros llegan y se tienen que meter para ayudarnos a cargar, nos prestan guantes porque ni eso tenemos y así, sin nada y hasta sin pago, trabajamos con lo que tenemos”, comenta Nicandro.
Además, les regatean el sueldo. Trabajadores del Poder Judicial —se identificaron, pero pidieron que no se publicaran sus nombres— denunciaron que en diciembre de 2018 no recibieron su sueldo ni su aguinaldo. El pago les fue entregado esta semana, después de que realizaron un paro de labores parcial en diciembre y principios de enero para exigir su dinero. Comentaron que durante la protesta sólo había un trabajador por turno, uno para recibir hasta 10 cadáveres.
En diciembre de 2017 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lanzó una advertencia de clausurar el Semefo al detectar durante una inspección irregularidades en la operación y manejo de los cuerpos.
Reveló que no tenían generador de residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), ni un almacén temporal para su resguardo. Además acumulaban los citados residuos a la intemperie, en su estacionamiento; que no almacenan en refrigeración la sangre, y que el líquido hemático y fluidos corporales son contenidos en un almacenador de agua de 5 mil litros.
Al cierre de la edición, el Poder Judicial de Baja California no respondió a la petición de entrevista.
