MEXICALI, MARZO 8, 2019.- La diputada Alfa Peñaloza Valdez presentó una iniciativa para aumentar la penalidad a quien cometa discriminación en perjuicio de la Libre Educación Pública.
La inicialista justificó su propuesta de reforma al considerar que el condicionar una inscripción, negar el acceso a la escuela por el pago de una contraprestación o pago alguno, constituye a fin de cuentas “abuso de autoridad” al afectar la igualdad del trato y oportunidades a todos los alumnos.
El propósito es reformar el artículo 358 del Código Penal del Estado, denominado “Discriminación en Perjuicio del Libre Ejercicio de la Educación Pública”, el cual establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y hasta mil días de multa, a quien condicione por concepto del pago de cuotas voluntarias u obligatorias, el derecho a recibir educación pública gratuita, así como el ingreso de alumnos de educación pública preescolar, básica, media y media superior, a los planteles que para este efecto proporcione el Estado.
La iniciativa, que fue depositada en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, pretende incrementar a ocho años en lugar de seis y, además, se le destituirá del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitará para desempeñar otro, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, a quien incurra en esta falta.
Sobre el particular, la diputada Alfa justificó su iniciativa en el hecho de que el condicionar una inscripción, negar el acceso a la escuela por el pago de una contraprestación o pago alguno, constituye a fin de cuentas abuso de autoridad y esta sancionado por la ley.
Además, la diputada argumentó que la educación es un derecho universal que encierra la posibilidad de dignificar al ser humano, al tiempo que contribuye a la mejora de la sociedad, y esta, “para nuestra nación, adquiere el carácter de obligatoria, de acuerdo a la Constitución Federal que establece la realidad de escuelas para todos; a que se disfrute en condiciones de igualdad, con respeto a las diferencias y con la capacidad de que el servicio que se brinde lo sea igual para quien puede o no hacer una aportación adicional para su sostenimiento”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, en su caso.
