MEXICALI, NOVIEMBRE 24, 2020.- A partir de las reformas en materia anticorrupción, de mayo de 2015, se consideró a los particulares como sujetos de responsabilidad administrativa, incluidos los candidatos de elección popular, los integrantes de sus equipos de campaña o equipos de transición, líderes sindicales y comisionados, entre otros.
La posibilidad de investigar y sancionar a los particulares por su participación en la comisión de faltas administrativas graves y hechos de corrupción que impactan en el correcto desempeño de la función pública se instituyó la Constitución General de México, al definir que los actos de corrupción no son exclusivos de los servidores públicos toda vez que, en muchas ocasiones, “cuentan con la participación de terceros o inclusive pueden producirse sin la intervención de aquellos causando afectaciones al erario”, advirtió el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, Luis Ramón Irineo.
Para revisar los alcances de la conducta y la eventual responsabilidad de estos particulares, denominados en situación especial, se integró una comisión de trabajo con la participación de 10 entidades federativas, la cual es coordinada por el área jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
A propuesta del secretario Ejecutivo del SEABC, se pretende realizar un estudio exhaustivo del Régimen de Responsabilidades Administrativas de Particulares en Situación Especial (RRAPSE), el cual se encuentran previsto en el artículo 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las leyes estatales con el propósito de diagnosticar su eficacia y, en su caso, detectar deficiencias normativas y plantear alternativas para subsanarlas.
Irineo Romero dijo que el objetivo es fortalecer a las autoridades encargadas de investigar y sancionar faltas administrativas de particulares en situación especial, a través de herramientas para prevenir, detectar, disuadir, sancionar y erradicar hechos de corrupción que trascienden los ámbitos electoral y administrativo.
Los participantes en esta comisión de trabajo pertenecen a las secretarias Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción de Guerrero, Nuevo León, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Tabasco, Sinaloa, Tlaxcala y Coahuila.
