MEXICALI, SEPTIEMBRE 17, 2018.- El diputado Víctor Manuel Morán Hernández, presentó una Iniciativa de reforma al artículo 8 de la Constitución local, en materia de derechos humanos de las personas migrantes.
Indicó el Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, que es necesario adecuar nuestro marco jurídico para evitar la discriminación y, habilitar desde la norma constitucional a las autoridades y diversas instancias de gobierno, a llevar a cabo acciones para avanzar en el acceso a derechos, bienes y servicios de las personas migrantes, así como favorecer su inclusión social.
Por tales motivos, propuso una modificación al artículo 8 constitucional, con el fin de contar con una redacción afín a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los migrantes, pero, sobre todo, colocar de manera explícita a este grupo vulnerable, dentro del ámbito de protección constitucional en el Estado.
“Estamos convencidos de que esta modificación es oportuna y pertinente, pues es innegable que Baja California, en particular las ciudades fronterizas de Tijuana, Tecate y Mexicali, han sido históricamente receptoras de migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos y de connacionales deportados”, enfatizó Víctor Morán.
Consideró en su exposición de motivos que, el endurecimiento de la política migratoria del presidente Donald Trump, ha ocasionado que, ante la imposibilidad de obtener asilo, las personas migrantes provenientes de diversos países sobre todo de Centroamérica y de otros lugares, como Haití, así como de los propios connacionales desplazados por la violencia, se queden de cierta manera varadas en las ciudades fronterizas del Estado.
Esta situación, genera un fuerte impacto social, en virtud de que es necesario resolver un conjunto de necesidades básicas, como son: alimentación, vestido, alojamiento, servicios de salud, atención psicológica, información y orientación jurídica.
Puntualizó que la mayoría de las veces, estos migrantes no son autosuficientes, por tener una situación migratoria irregular, no contar con documentos que acrediten su nacionalidad y no hablar el idioma. Es ahí donde el Estado debe hacerse cargo de resolver las necesidades humanitarias.
