SAN QUINTÍN, OCTUBRE 25, 2020.– El Gobierno de Baja California, a través de la Dirección General de Conflictos Agrarios y Ordenamiento Territorial (DGCAOT), dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SGG), otorgó asesoría legal para la legalización de las tierras a residentes de la colonia Triqui en el ejido Francisco Villa número 2, en San Quintín.
El Director de la DGCAOT, Luis Vizcarra Vizcarra, dijo que en esa zona del Estado, el Gobierno de Baja California tiene un adeudo importante con los residentes: “tenemos un compromiso histórico con el sector agrario; aproximadamente el 83% de la superficie total en Baja California es propiedad ejidal, comunal y terrenos nacionales, los cuales son regulados por la Ley Agraria y la falta de atención al desarrollo urbano planeado y ordenado en esta zona geográfica, ha orillado a muchos de los problemas a los que hoy este gobierno se enfrenta”.
Vizcarra Vizcarra manifestó que la instrucción del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, es seguirlos apoyando como ocurrió en días pasados, cuando otorgó asistencia legal al primer grupo de doce vecinos de la colonia Triqui, ubicados en una parcela del ejido Francisco Villa #2 de San Quintín, representándolos en el Tribunal Unitario Agrario, distrito 45.
“Lo anterior con el fin de obtener sentencia que los declare poseedores legales de los lotes que compraron de buena fe y ordene que, al realizarse la titulación por cualquier medio legal, se les otorgue el título correspondiente; en tanto ello ocurre, dicha sentencia hará las veces de título de propiedad, ya que en la zona hay un universo de 210 lotes por regularizar”, dijo el titular de la DGCAOT.
Luis Vizcarra Vizcarra dijo que continúa el seguimiento de las demandas por cada uno de los vecinos posesionarios, para que todos obtengan sentencia del Tribunal Agrario que les garantice la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
Agregó además que en Baja California existen 232 ejidos y 3 comunidades, que solamente el 25% de los ejidos en Baja California cuentan con su zona urbana regularizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio por lo que los posesionarios en la zona rural no tienen seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y no pagan impuesto predial, debido a no contar con la correspondiente clave catastral.
“Logramos hacer una gestión muy significativa con la comunidad Kumiai localidad Juntas de Nejí del municipio de Tecate, donde pudimos tramitar ante la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario una sentencia a favor de la comunidad indígena, recuperando 345 hectáreas de su reserva; se han realizado 4 capacitaciones en materia agraria en el municipio de Mexicali, participando la mayoría de los comisariados ejidales y así en todo el Estado, donde hemos ofrecido más de 180 asesorías en este tema”, finalizó el Director de la DGCAOT.
