MEXICALI, B.C., JULIO 18, 2018. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC), determinó que el Congreso del Estado de Baja California debe emitir en un término de 24 horas el recibo de pago de derechos relativo a la solicitud de información del recurso de revisión REV-445/2017.
Dentro de ese expediente, se da cuenta de que mediante resolución de fecha 25 de abril del 2018, se ordena entregar copia certificada del dictamen número 62 de la Comisión de Hacienda y del Decreto Numero 57 aprobado por el pleno del Congreso en el que aprobó la contratación de Asociaciones Publico Privadas.
Por acuerdo del pleno con fecha del 25 de abril, el ITAIPBC ordenó al Congreso del Estado que entregara al particular la información respecto a los puntos antes descritos, sin embargo, debido a que el ciudadano solicitó copia certificada de los documentos, y estos se integran por un total de ocho mil 353 fojas y 60 expedientes, se quejó ante el órgano garante señalando que se le pretendía cobrar más de un millón de pesos por concepto de derechos por entregar la información.
Ante esa situación, en aras de garantizar el derecho de acceso a la información y en ejercicio de las atribuciones constitucionales como órgano especializado en materia de transparencia, y en ejercicio de la suplencia de queja y con la facultad de interpretar la legislación vigente, se procedió a analizar y evaluar para hacer cumplir la resolución.
Derivado de lo anterior, se determinó en conjunto con el Congreso que no se deberá cobrar los derechos de certificación por cada foja, sino por expediente, estableciendo que el costo que deberá pagar el ciudadano por obtener los documentos debe ser de 13 mil 843 pesos más los impuestos correspondientes, por lo que se determinó que deberá emitir el recibo de pago por ese importe en forma inmediata, una vez que sea recibida la notificación.
El presidente del ITAIPBC, Octavio Sandoval López, señaló que en ejercicio de las atribuciones que este órgano garante tiene se logró solventar este problema, sin embargo, es necesario hacer una reforma a la Ley de Transparencia del Estado, para que el acceso a la información no sea costosa para los ciudadanos y el cumplimento de las resoluciones sean expeditas y no sujetas a interpretación y a litigios.
En ese sentido, el organismo envió al Congreso del Estado un exhorto para reformar el artículo 134 de la Ley de Transparencia del Estado, con propuestas específicas, entre las que destacan la clarificación de los costos de reproducción, además de que la Ley puntualice esos costes y no cada sujeto obligado en sus leyes de ingresos, además de volver legal la gratuidad de la entrega de información certificada.
Finalmente, Sandoval López hizo énfasis en que deberá ser gratuita cuando el objetivo de la petición sea combatir posibles actos de corrupción, toda vez que cuando se presentan denuncias ante las autoridades competentes es necesario presentarla en copia certificada y actualmente los costos de certificación no permiten que sea accesible para todos los ciudadanos, volviendo inviable la transparencia y la rendición de cuentas, y afectando el combate a la corrupción.
