Mexicali, 29 de julio.- Dentro de las medidas anticorrupción, el gobierno de Baja California, los cinco ayuntamientos y el Congreso del Estado están obligados a transmitir en tiempo real las reuniones del proceso de entrega y recepción, a través de sus portales institucionales de internet o medios alternos de comunicación.
La determinación para garantizar la transparencia y máxima publicidad la adoptó el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California dentro de las acciones de rendición de cuentas del relevo de gobiernos en las administraciones públicas estatal y municipales, así como de la Legislatura local, explicó el secretario Ejecutivo del SEA, Luis Irineo Romero.
Para ello, agregó, se emitieron recomendaciones públicas vinculantes, en la sesión del 18 de julio de 2019, dirigidas al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y municipios de Baja California para habilitar un espacio reservado en sus portales de internet para difundir ennvivo la información relativa al proceso de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos.
Irineo Romero precisó que las recomendaciones vinculantes del SEA tienen carácter de obligatorias de acuerdo al artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y del artículo 58 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, por lo que todo servidor público debe darle cumplimiento, en caso contrario se puede hacer acreedor de sanciones administrativas.
En estas sesiones, se apuntó en el documento oficial del CCSEA, se debe asentar la designación de los integrantes de las comisiones de enlace, las minutas o actas de los costos sufragados con motivo del proceso de transición y las actas que se suscriban donde se incluya la totalidad de sus anexos, además de actas circunstanciadas que se levanten en términos de los artículos 10 y 12 de la Ley de Entrega y Recepción, así como cualquier incidencia que se reporte.
También se deberá permitir el acceso a aquellos interesados a los actos de firma de las actas de entrega y recepción, en la medida que los permita la disponibilidad de espacio físico y las normas de protección civil, expuso Luis Irineo.
En el documento enviado a los entes públicos sujetos del SEA se precisa que se realizó un análisis integral de la Ley de Entrega y Recepción donde se concluyó que algunos de sus preceptos no garantizan la observancia de transparencia y máxima publicidad o son omisos en rubros de interés público que se encuentran a cargo de los funcionarios de elección popular.
Al CC SEABC lo integran 11 representantes ciudadanos, uno de los cuales lo preside, y 11 funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, Secretaria de Contraloría del Estado, Sindicos Procuradores y Auditoria Superior del Estado.
