TIJUANA, SEPTIEMBRE 19, 2018.- Al subrayar que el tema de la seguridad no se debe ni se puede politizar, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid afirmó que los procesos para licitación de botones de pánico entre otros, han sido transparentes porque durante tres años se ha promovido el tema y ha estado al alcance de todos para informarse.
Vega de la Madrid dijo que cualquier duda que se tenga: “estamos en la mejor disposición de atender y responder” porque “a mi se me hace muy curioso que se diga que a través de un diputado se presentó un oficio -porque cuando nos enteramos que este diputado Nuñez, no estaba conforme con lo que se había hecho (por cierto, mal informado) le entregamos todo, la documentación y todo… Le dijimos señor diputado si tiene una duda venga con nosotros y se la aclaramos… nunca regresó!”, agregó el jefe del ejecutivo.
Lo anterior al término del evento del programa “becas de para madres trabajadoras” que representa un monto de 5 millones 416 mil pesos (anuales) en tanto se entregaron 511 becas para 266 madres trabajadoras y 511 estudiantes que además contemplan construcción para obra social y pago a servicios en un programa local.
Respecto al C5i su postura en torno a lo vertido por empresarios que “sospechan” de mala inversión e irregularidades en el contrato el gobernador dijo:
“…Yo también me sorprendí porque el tema del C-5 es un tema que viene de tres años atrás que se ha llevado a cabo en una licitación transparente y participativa, por segunda ocasión donde la representación de los empresarios ahí ha estado. Ahí estuvo el señor Federico Díaz que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado, entonces es público, absolutamente público y todo lo que se hace y se ha hecho tiene que ver con contar con más y mejores herramientas para ser eficientes en el combate a la inseguridad”, puntualizó.
Luego dijo en descargo a los señalamientos que si el C5i no sirviera, no lo tendrían operando en los Estados Unidos, no funcionaría en Alemania, en Inglaterra, no estaría en Italia ni en muchos países que lo tienen y es una herramienta para atender la inseguridad.
En torno a la compañía que fue señalada por sus detractores el gobernador explicó que al abrir el proceso de licitación la administración no encontró impedimento legal alguno por lo que le permitió participar apoyado en las leyes de licitación.
Luego explicó que lo que no se dice es que esta obra contempla un contrato a 10 años en la cual el estado no invierte los 800 millones de pesos que representa el costo sino que la compañía los invierte y ese recurso se va pagando en exhibiciones a lo largo de la década. Y después de los 10 años todo lo que se tiene, los 75 kilómetros de fibra óptica y demás que no se dice, pasa a ser parte del activo del estado.
Señaló que el estado debe financiarse porque no cuenta con el recurso para hacer la obra que representa un Centro de Mando Inteligente y de Tecnología como el C5i. Y luego explicó que en el centro de la República nos miden por “la capacidad tecnológica instalada”.
Tachó de señalamientos fuera de tiempo lo declarado por la IP porque sostuvo que durante todo el proceso los empresarios “dieron seguimiento al tema que se licitó, se autorizó y ahora los reclamos llegan a destiempo“, espetó.
En este marco justificó el trabajo policíaco que hace la Policía Estatal Preventiva que en sus orígenes era para atener el sistema penitenciario, pero conforme creció la demanda de seguridad se amplió a las calles del estado con poco más de mil elementos. Hoy, dijo es la más reconocida a nivel nacional por sus resultados con la Marina y el Ejército.
Reiteró en este contexto: “hay muchos temas que se pueden politizar” pero la inseguridad no se debe, ni se puede politizar, concretó.
