TIJUANA, DICIEMBRE 18, 2020.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Miguel Mora, hizo un llamado a construir mecanismos más eficientes para garantizar a las personas en contexto de migración el pleno acceso a sus derechos.
Lo anterior durante su participación en el Foro Ciudadano “Tijuana, Tierra de Migrantes”, realizado en el marco del Día Internacional de las Personas en Contexto de Movilidad.
En dicho Foro, las organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Coalición Pro Defensa del Migrante, expusieron el panorama de los múltiples problemas estructurales que imposibilitan el goce pleno de los derechos de las personas migrantes.
El ombudsman subrayó, ante autoridades federales, estatales y municipales, la importancia de reconocer una doble condición de vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes, al estar expuestos tanto a abusos de autoridad, como las detenciones arbitrarias, y a actos de violencia relacionados con actividades del crimen organizado.
Asimismo, Miguel Mora recordó que, a partir de la Reforma de 2011, los derechos humanos se convierten en uno de los ejes principales del marco jurídico del Estado mexicano, de acuerdo con la modificación del artículo 1º de la Constitución, el cual establece que las personas servidoras públicas tienen la obligación inexorable de proteger los derechos fundamentales de todas las personas.
En ese tenor, informó que, durante 2020, la CEDHBC ha registrado 44 Quejas con relación a personas en contexto de migración.
En estos expedientes, los principales derechos humanos presuntamente vulnerados han sido el derecho a la seguridad jurídica, derecho a la igualdad, derecho al trato digno y derecho a la libertad. Y, de manera paralela, precisó que las autoridades más señaladas han sido la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, con 16 Quejas; la Secretaría de Salud del Estado, con 6 Quejas; el Ayuntamiento de Tijuana, con 6 Quejas; y el Instituto Nacional de Migración, con 5 Quejas.
Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno Federal, enfatizó que es necesario impulsar una política migratoria que contenga un enfoque de derechos humanos y, de esta manera, hacerle frente a la condición de doble vulnerabilidad a la que están expuestas las personas en contexto de movilidad.
De igual manera, Marina del Pilar, presidenta municipal de Mexicali, puntualizó que el fenómeno migratorio pertenece, de manera inherente, a la historia de Baja California, por lo que reconocer las obligaciones de las autoridades respecto a sus derechos humanos es fundamental para el restablecimiento del tejido social del estado.
Carlos Mora Álvarez, coordinador general del Foro, subrayó que se debe realizar un trabajo coordinado entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales para abordar los fenómenos estructurales a los que se enfrenta la población en contexto de movilidad y, a partir de la deliberación del Congreso, convertir a la entidad en un santuario para estos grupos.
Durante el Foro Ciudadano, también se contó con la participación de Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura de Baja California; Luis Javier Algorri, subsecretario de Migración del Gobierno del Estado; Bertha Alicia Caraveo Camarena, senadora y presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República; y José Moreno Mena, director general de la Coalición Pro Defensa del Migrante.
