MEXICALI, B.C., MARZO 8, 2018. La diputada Claudia Josefina Agatón Muñíz presentó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una iniciativa de reforma al artículo 9 de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos en el Estado.
Mencionó en su exposición de motivos, que de acuerdo con diversas investigaciones recopiladas en el documento ‘Una Mirada desde las Organizaciones de la Sociedad Civil a la Trata de Personas en México’, publicado por Hispanis In Philanthropy, se indica que en los actores involucrados en la trata de personas, se logró detectar la presencia, cada vez mayor, del crimen organizado. Además de que existe una estrecha relación con las autoridades. La trata de personas se refiere principalmente a fines de trabajos forzados y prácticas de prostitución forzada y explotación sexual.
Así mismo la legisladora dijo que en los municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, la trata tiene fines de explotación sexual. Ensenada y San Quintín son zonas de riesgo, principalmente para enganche por el turismo recreacional y para el consumo de comercio sexual.
“Por tal razón, -dijo- este tema debe de ser atendido con mayor energía y responsabilidad por parte el gobierno del Estado y de los ayuntamientos”.
Al referirse a la Ley que pretende reformar, expuso que en ella se establece que en el Estado, debe reunirse por lo menos cada tres meses la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y que dicha comisión, debe elaborar un informe anual, el cual contendrá los resultados obtenidos del Programa Estatal contra la trata de personas, mismo que será remitido al titular del Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado.
“Y en el último año, no tengo conocimiento ni de que se haya reunido la comisión ni que se haya entregado dicho informe anual”, resaltó Claudia Agatón.
Luego subrayó que los gobiernos municipales, en sus reglamentos de salud, tienen establecido la expedición y cobro de una tarjeta de salud o tarjeta sanitaria, que se les extiende a las personas que ejercen la prostitución. Esta medida permite tener un mediano control del número de personas que se dedican a la prostitución en el estado. Al menos de quienes acuden a obtener su tarjeta.
Por tales motivos, presentó una enmienda a la citada Ley, por medio de la cual se planea una adición a un párrafo en donde se señale que los municipios al momento de establecer los reglamentos de salud, en sus apartados relativos a las personas obligadas a obtener una tarjeta sanitaria o de salud, por dedicarse a prestar servicios sexuales, se referirán a estas como personas y no como sujetos.
Así mismo que estarán obligados al momento de realizar los exámenes médicos para obtener dicha tarjeta, a aplicar un cuestionario a las personas, en donde se pregunte si están siendo forzadas a ofrecer servicios sexuales y se les ofrecerá ayuda en caso de que lo requieran, dando parte a las autoridades correspondientes.
