MEXICALI, B.C., MAYO 2, 2018.   A proposición de los diputados Job Montoya Gaxiola y Claudia Josefina Agatón Muñiz, el Congreso del Estado exhortó al  titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para que, en uso de sus atribuciones legales, promueva reformas al decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores, en caso de un imprevisto cierre de operaciones.

Ante la máxima tribuna del Poder Legislativo el legislador expresó que la finalidad de la propuesta es instituir obligaciones y restricciones a las empresas que, de manera imprevista, decidan dejar de operar y pretendan extraer del país su maquinaria y equipo, sin antes cumplir con sus obligaciones patronales, como la de garantizar la seguridad social y de vivienda de los trabajadores.

Montoya Gaxiola afirmó que es innegable el gran aporte que ha significado este sector para el impulso de la economía nacional y regional, agregó que representa una importante fuente de empleo y reconoció que grandes firmas mundiales de este ramo brindan grandes oportunidades y garantías a sus empleados.

Sin embargo algunas empresas extranjeras que se instalan en este lado de la frontera, no cuentan con un soporte económico y financiero que asegure su permanencia en el Estado, a las cuales se les conoce comúnmente como golondrinas, precisó.

Por ello puntualizó es indispensable que quienes se dedican a este giro empresarial, depositen una fianza, ante el gobierno estatal en el que operen, por una cantidad proporcional al número de personal contratado, como garantía para cubrir los pagos por concepto de liquidación e indemnización de los trabajadores, en caso de un imprevisto cierre de operaciones.

Además presenten comprobante expedido por la autoridad laboral, de que la empresa cumple a cabalidad con las obligaciones patronales establecidas en la Ley Federal del Trabajo, y que no tienen adeudos pendientes con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) en caso de que se pretenda extraer equipo y maquinaria de sus instalaciones, para sacarlo del país.

La proposición presentada fue aprobada por esta Soberanía, con dispensa de trámite.