Por Antonio Heras

MEXICALI, OCTUBRE 31, 2019.- Con foros de consulta, encuestas, entrevistas y una serie de actividades en los cinco municipios de la entidad, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción inició la construcción de la Política Anticorrupción de Baja California con base en una agenda ciudadana.

La finalidad de estas actividades es la participación de los bajacalifornianos, así como de las organizaciones de la sociedad civil, del sector empresarial, académicos, investigadores, colegios de profesionistas y servidores públicos para definir y diseñar la política estatal anticorrupción.

El SEA es la instancia responsable de coordinar los esfuerzos de los entes públicos sobre prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de los recursos públicos.

La política estatal anticorrupción representará la guía para los esfuerzos institucionales en el combate a la corrupción, a través de indicadores, metodologías, medición, seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las políticas públicas, programas y acciones institucionales.

El secretario Ejecutivo del SEA, Luis Ramón Irineo, dio a conocer que la primera actividad se centra en los foros de consulta “Construyamos la Política Anticorrupción de Baja California” en los cuales se abordarán cuatro ejes rectores: la impunidad; la arbitrariedad; el involucramiento de la sociedad; y el fortalecimiento de la interacción de la sociedad y gobierno.

El foro de consulta inicial se realizará este lunes 4 de noviembre, a las 10 horas, en el salón 3 de la Universidad Xochicalco, ubicado en la calle Novena 199 de la colonia Plutarco Elías Calles, en el oriente de Mexicali. Además de mesas de trabajo se contará con una conferencia magistral de Martín Vera Martínez, doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, investigador de la UABC y coordinador de estudios de postgrados en materia de corrupción de la UNAM.

El primer eje se pretende fortalecer la denuncia, investigación y sanción de las faltas administrativas, además de procurar e impartir justicia en los delitos de corrupción.

El propósito del segundo Eje se centra en la profesionalización e integridad en el servicio público, presupuesto y gasto público, auditoría, fiscalización de recursos públicos y mejora institucional.

En el tercer Eje se busca hacer de la sociedad un agente activo en el combate a la corrupción, a través de la participación, vigilancia y colaboración, la educación y comunicación para el control ciudadano y la corresponsabilidad e integridad empresarial.

El cuarto Eje consiste en fortalecer la interacción de sociedad y gobierno a partir del contacto ciudadano, la iniciativa privada y asociaciones civiles con la intención de generar una conciencia colectiva sobre el fenómeno de la corrupción y sus consecuencias, además de inhibir sus prácticas y desmantelar aquellos mecanismos tan arraigados que representan mensajes de impunidad.