TIJUANA, SEPTIEMBRE 14, 2018.- En la Procuraduría General de Justicia de Baja California se encuentran en investigación por lo menos dos denuncias contra aspirantes a magistrado en Baja California de acuerdo con documentos oficiales que obran en poder de Diario Tijuana.
El 21 de septiembre del 2016 figura como involucrado en un posibles delitos denunciados de carácter patrimonial figura como imputada la abogada María de Lourdes Molina Morales, en el expediente 0204-2016-13177/NUC. Y los delitos denunciados son: OMITIR UNA RESOLUCIÓN CONTRARIO A LAS ACTUACIONES DE UN JUICIO ASÍ COMO INCURRIR EN OMISIONES QUE PRODUCEN UN DAÑO Y CONCEDEN UNA VENTAJA INDEBIDA. En esta demanda de justicia se acusa además FRAUDE PROCESAL por simular acto jurídico para obtener beneficio indebido.
En el expediente 0204-2017-40243/NUC presentada el pasado 11 DE JULIO del 2017 se presentó otra denuncia contra la misma juez aspirante a magistrada María de Lourdes Molina Morales por la probable comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, RETARDAR DOLÓSAMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y SIMULAR ACTO JURÍDICO PARA OBTENER BENEFICIO INDEBIDO (FRAUDE PROCESAL)
La misma Juez Décimo de lo Civil y su secretaria del juzgado fue denunciada bajo el expediente 0204-2018-34675/NUC el pasado 11 de junio de este año 2018 por otro afectado en este caso por FRAUDE PROCESAL en un caso relativo a delitos patrimoniales, DICTAR RESOLUCIÓN DE FONDO EN UN ACTO DE TRÁMITE VIOLANDO LA LEY (Delito contra la administración de la justicia)
OTRO DE LOS ASPIRANTES
Igualmente en el expediente de Procuraduría General de Justicia de Baja California está vigente y bajo integración el expediente 2333/12/20A/AP en la Unidad Orgánica de Lesiones en esta ciudad de Tijuana donde se involucra al juez Pedro Galaf Hernández García como indiciado al imputarle el delito de conducir un vehículo de motor en estado de ebriedad en un accidente de tránsito en el que se involucra el automóvil:
Nissan Trucks, XTerra 2001 placas BHK7391 con registro del 29/04/2012
Es importante comentar que el Congreso está por decidir entre una lista de jueces quiénes pueden llegar a ser magistrados en una competencia en la que debe prevalecer el examen de conocimientos y la honorabilidad.
No obstante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara en establecer que cualquier mexicano tendrá que ser juzgado por un tribunal legalmente constituido. Por ahora lo que está en investigación no determina culpabilidad de entrada hasta que un juez emita sentencia. En caso de que fuese condenatoria entonces sí estarían impedidos para participar, pues uno de los requisitos del concurso estipula no haber sido sentenciado por un delito doloso, independiente de la condena.
Aunque sería muy exraño que ya siendo magistrados, un juez resolviera culpabilidad en los señalamientos hoy investigados.
En la última reunión en Mexicali del órgano legislativo estuvieron presentes los siguientes integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales: Catalino Zavala Márquez, Raúl Castañeda Pomposo y José Félix Arango Pérez.
Los aspirantes a dicho puesto son: Marcelino Zepeda Berrelleza, Karla Amaya Coronado, Pedro Galaf Hernández García, Víctor Manuel Fernández Ruíz de Chávez, Ana María Elías González Rosas, así como Nelson Alonso Kim Salas, Jesús Antonio Chávez Hoyos y María Dolores Moreno Romero.
Asimismo, Ana Carolina Valencia Márquez, Carlos Alberto Ferré Espinoza, María de Lourdes Molina Morales, Humberto Tamayo Camacho, Maribel Maldonado Durán, Álvaro Castilla Gracias, Everardo Basilio Ríos y Jesús Angulo Guzmán.
Con la reforma planteada se busca actualizar el contenido de la Constitución local, en lo relativo al número de magistrados numerarios que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que el texto vigente señala que se compone por trece magistrados, lo cual ha sido superado, ya que actualmente se encuentran en funciones diecisiete magistrados distribuidos en cinco Salas.
