MEXICALI, SEPTIEMBRE 5, 2020.- En sesión extraordinaria virtual, el Congreso de Baja California realizó este día la Declaratoria de Procedencia del dictamen número 49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba reformar diversos artículos de la Constitución del Estado y 3 reservas en lo particular, a fin de desaparecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (PJ) y poner en su lugar una Junta de Administración y Vigilancia, entre otros temas.
Lo anterior se efectúa una vez avalado dicho dictamen por los Ayuntamientos de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, a quienes, por ser una reforma constitucional, les fue turnado por esta Legislatura como lo determina el artículo 112 de la Constitución del Estado, para en su caso ser aprobado o rechazado.
La Declaratoria fue leída en la sesión por la secretaria de la Mesa
Directiva de la XXIII Legislatura local, diputada Eva Gricelda Rodríguez.
Como se informó en su momento, los inicialistas de la reforma contenida en el dictamen 49 son el Poder Ejecutivo y el diputado Juan Manuel Molina García, quienes en su exposición de motivos mencionaron que, actualmente, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial es el órgano encargado de las funciones de administración, vigilancia, supervisión y disciplina, así como el desarrollo de la carrera judicial.
Argumentaron que, desde su creación a la fecha, no ha logrado eficientizar la administración del recurso económico en el Poder Judicial, al duplicarse las estructuras administrativas del personal del Consejo de la Judicatura y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo cual ha generado un déficit financiero y un retraso en la concreción de la implementación del nuevo modelo de justicia, así como problemas financieros en el Servicio Médico Forense y carencias de recursos materiales, que han colocado a este Poder al borde de paros laborales.
Puntualizaron que el Consejo de la Judicatura “perdió la directriz y objetivo de su función, desatendiendo su verdadera función, situación que actualmente está afectando la operatividad de Poder Judicial del Estado”.
La presente Declaratoria también incluye la aprobación de 3 reservas en lo particular al referido dictamen 49; la primera del diputado Juan Meléndrez Espinoza, mediante la cual solicita sea omitida de dicho dictamen, la reducción de la participación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en el Comité de Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
La segunda presentada por el legislador Juan Manuel Molina García, por la que se instauran las Salas Metropolitanas, las cuales darán servicio a la zona costa de Baja California, además de que se modifica la entrada en vigor de las reformas, misma que estaba establecida para el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, para cambiarla a partir de los 60 días a partir de su publicación.
Por último, la reserva propuesta por la legisladora María Trinidad Vaca Chacón, con el objeto de conservar la votación de mayoría calificada para el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.