MEXICALI, JUNIO 17, 2020. En sesión virtual ordinaria, se aprobó por 19 votos a favor 3 en contra y dos abstenciones, el Dictamen No 01 de las comisiones unidas de Justicia, y de Hacienda y Presupuesto, que presiden respectivamente, los diputados Víctor Manuel Morán Hernández y Rosina del Villar Casas, por medio del cual se reforman diversas disposiciones de cinco instrumentos jurídicos.
Dicha iniciativa fue presentada por gobernador del Estado y consiste en diversas reformas a la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado; la Ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable; el Código Fiscal, la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2020 y al Código Penal, todos de Baja California, presentando la diputada Monserrat Caballero Ramírez una reserva en la sesión realizada este miércoles.
El objetivo de la reforma es erradicar la corrupción y establecer un nuevo marco jurídico que siente las bases en la recuperación financiera y administrativa de los organismos operadores del agua, pero sobre todo contar con el marco jurídico necesario para proteger el agua en beneficio de la sociedad bajacaliforniana.
En lo que se refiere a la adición al artículo 22 a la Ley relativa a las citadas comisiones estatales, la cual establece sus funciones principales, así como la integración y atribuciones de su Consejo de Administración, siendo omisa en señalar la organización interna de estas, ha generado una estructura innecesaria y costosa en donde incluso existe duplicidad de funciones en las áreas administrativas, por lo que el inicialista consideró imperante que sea reducida al mínimo, sin que afecte la operación efectiva de las mismas.
Por lo que propuso que la estructura cuente únicamente con una Dirección General, una Subdirección de Administración y Finanzas, una Subdirección Comercial y una Subdirección Técnica, y asimismo se instruye a las Comisiones realizar una revisión administrativa de su estructura a efecto de disminuirla a un 30por ciento% en estricto apego al principio de austeridad, consiente y programada para lograr la optimización de los recursos públicos.
Víctor Morán, indicó que la iniciativa busca además incorporar reformas, tanto a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable, así como a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020, ambas de Baja California, actualizando los procedimientos de cobro y multas que se han quedado obsoletos y rezagados con los costos operativos de los mismos.
De igual forma, dijo que se crea una tipicidad más amplia, relativa a las conductas que perjudican la correcta implementación del servicio de agua potable, catalogándolas como defraudación fiscal equiparada en el Código Fiscal del Estado de Baja California.
Por último, se pretende reformar el Código Penal local, incorporando el Capitulo Delitos contra la prestación de servicios públicos de agua, para garantizar el derecho constitucional y humano de garantizar el acceso al agua a toda la población, fortaleciendo las facultades sancionadoras del Estado, dando vida a nuevos tipos penales que hagan efectivas sanciones penales a quienes afecten la prestación de servicios público de agua.
Se aprueba reserva de la diputada Monserrat Caballero Ramírez
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada Monserrat Caballero Ramírez, presentó una reserva en lo particular aprobada también en esta sesión por 19 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones y que se refiere al artículo transitorio segundo del resolutivo primero del presente dictamen.
Con la reserva a dicho transitorio, este quedó de la siguiente manera: Segundo.- A más tardar dentro de los sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, las Comisiones Estatales de Servicios Públicos realizarán una revisión a sus respectivas estructuras administrativas, con el objetivo de analizar y eficiente su forma de organización que les permita cumplir de la mejor manera con el objeto social para lo que fueron creadas, sometiendo a consideración de sus respectivos órganos de gobierno las mejoras detectadas.
Según dijo la legisladora, el objetivo principal de estas modificaciones, estriba en compactar la estructura orgánica para volverla más eficiente, sin que ello implique reducir la plantilla de personal, ya que lo que se busca principalmente es clarificar los niveles jerárquicos y sus atribuciones dentro de las dependencias, para mejorar sustancialmente la productividad de las comisiones estatales, reorganizarlas financiera y tecnológicamente, y que esto redunde en una mejor prestación de los servicios para los usuarios, porque se trata de servicios estratégicos y prioritarios para el desarrollo del Estado.
