MEXICALI, DICIEMBRE 9, 2019.- El Pleno aprobó el Dictamen No. 1 de la Comisión de Justicia que contiene la Iniciativa de reforma al artículo 26 de la Ley de Justicia Alternativa, presentada por el diputado Víctor Manuel Morán Hernández, el 29 de agosto del año en curso.
Con esta, se da pleno cumplimiento a los dispuesto por el artículo 17 de nuestra Carta Magna, incorporando la facultad del director para certificar la documentación que, con motivo de su función, se genere en el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) del Poder Judicial del Estado, a su cargo.
Su objeto es hacer pronta y expedita la impartición de justicia, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Así mismo, se plantea que el director del CEJA pueda expedir copia certificada de los convenios de mediación y conciliación celebrados en el Centro y ratificados ante su investidura, y por otro, que pueda certificar cualquier documento que, con motivo de sus funciones, se produzca en el mismo.
Lo anterior, sin que implique que, se le está otorgando fe pública para certificar documentos de naturaleza distinta de la que, en ejercicio de las funciones del Centro, se generen.
La Comisión de Justicia que preside el diputado Víctor Morán, consideró que, en México han surgido nuevas formas de acceso a la justicia, los denominados mecanismos alternativos de solución de controversias como una propuesta superadora del esquema orden-conflicto, resuelto tradicionalmente por los jueces.
Dichos mecanismos, implican un enfoque distinto del derecho al avanzar en la construcción de las posibles soluciones con la participación de los mismos afectados.
Con ellos se desjudicializa, en buena parte, la gestión de conflictos entre particulares, cuando el litigio ante los tribunales deja de ser la única respuesta para los ciudadanos.
Tomaron en cuenta que, es una realidad que el acceso a la justicia es un tema que permanece vigente en el tiempo, sobre todo, en momentos en que la percepción de los ciudadanos es que, cada vez resulta más difícil tener acceso a la justicia y es difícil, a su vez, encontrar un mecanismo a través del cual los derechos sean restituidos. Es por ello que, a esta demanda, la denominan la búsqueda de nuevos paradigmas.
