MEXICALI, MARZO 8, 2019.- La nueva política pública de vivienda del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador es clara y precisa, relativa a las casas que se adquieren mediante créditos de INFONAVIT, ya que, si por alguna circunstancia los derechohabientes no pueden pagar sus créditos, ¡No se va a desalojar a nadie!, indicó el diputado Catalino Zavala Márquez.
Lo ha dicho muy claro el presidente y de manera contundente: “se les dará la oportunidad de que puedan terminar de pagarlas para obtener sus escrituras y, esto tendrá relación con el programa de combate a la corrupción, en donde se está limpiando esta institución, como se está limpiando todo el gobierno, eliminando los abusos a los trabajadores”, agregó.
En estos términos, se expresó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, al presentar un exhorto dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, a fin de que se realice una investigación exhaustiva, para determinar si existen irregularidades en procedimientos judiciales de adjudicación de inmuebles a favor de INFONAVIT, incluyendo la investigación abierta de la Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana; y que derivado de lo anterior remita a ésta Soberanía, el informe de resultados de la investigación.
De la misma forma, solicitó al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Carlos Martínez Velázquez, para que, conforme a sus facultades, realice una revisión exhaustiva para detectar en su caso, posibles actos de corrupción, tráfico de influencias o demás responsabilidades administrativas o judiciales, sobre el personal de la delegación del INFONAVIT y de los Centros de Servicio del Instituto (CECIS) en Baja California, para que, en su caso, se tomen las medidas conducentes.
Cabe mencionar que el legislador solicitó que el exhorto aprobado por unanimidad por el Pleno, fuera turnado a la Comisión especial de la XXII Legislatura creada este jueves, para investigar dichas irregularidades, a propuesta del diputado inicialista Luis Moreno Hernández.
Catalino Zavala dijo en su exposición de motivos que, de acuerdo con datos del diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, secretario de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, se vendieron 10 mil 740 casas adjudicadas del instituto, las cuales fueron rematadas a menor costo, luego de que desalojaran a las familias por tener adeudos.
Resaltó que fueron 5 mil 204 juicios, los que fueron llevados a cabo en el Juzgado Quinto de lo Civil de Tijuana, “en donde, dicho sea de paso, a partir del 13 de febrero del presente año, el Consejo de la Judicatura del Estado apenas tomó cartas en el asunto para determinar si existieron irregularidades en dichos procedimientos, pese a escrito del Consejo de Notarios del Estado, desde febrero de 2016.
Puntualizó que, según testimonio del presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, mediante el uso de documentos y actuaciones judiciales falsas, en posible complicidad de trabajadores del Poder Judicial del Estado, así como de notarios de otras entidades Federativas, han sido despojadas de su patrimonio los trabajadores y sus familias.
