TIJUANA, OCTUBRE 17, 2019.- El hecho de equiparar la defraudación fiscal a delincuencia organizada es un hecho preocupante para la sociedad, lo cual solo acarreará rezagos y trastornos sociales.
Así lo advirtió el Dr. Adolfo Solís Farías, director Grupo Farías, abogados fiscalistas, quien estuvo como invitado en el desayuno bimestral de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), región Noroeste, que preside Román Caso Espinosa.
La ponencia de Solís Farías se tituló “Reforma fiscal y su impacto en la industria”, donde señaló que la sociedad está preocupada porque se acaba de aprobar el tema de la defraudación fiscal y contrabando, que se elevan a delincuencia organizada.
“Sobre todo porque el presidente ha declarado que los funcionarios públicos también están sujetos a este tipos de controles y eso es falso, los funcionarios públicos pueden malversar 9 mil, 10 mil, 20 mil millones de pesos y no pisan la cárcel. ¿Por qué? Porque en esta nueva propuesta se está criminalizado al ciudadano por una omisión que puede exceder el 7.8 millones, pero ellos pueden desviar fondos por miles y miles de millones de pesos sin sanción alguna, y eso me parece que es muy grave”, subrayó.
El abogado fiscalista indicó que la experiencia internacional ha mostrado que el temor genera un efecto nocivo, como la corrupción, así como rezagos y trastornos sociales.
“Me parece que el gobierno no debe de partir de lo que cree que es correcto, debe de partir de lo que la ciencia dice que se debe de hacer, y no estamos tomando rutas objetivas, porque estas normas en realidad son contra sistema. Con estas normas pueden silenciar a cualquier persona; esa es la génesis de la reforma”, aseguró Solís Farías.
Añadió que para el 2020 se tendrá un incremento de casi 450 mil millones de pesos para el próximo presupuesto, alcanzando casi los 6.1 billones de pesos, una cifra record.
“Les puedo decir que el dinero que se va a recaudar va venir de tres fuentes: primero, de los ciudadanos, a través de las gasolinas y el diesel; segundo, todas las operaciones digitales y las ventas por catálogo y la subcontratación laboral va estar regulada en materia de impuesto al valor agregado; y tercero, todos los que consuman bebidas saborizadas o cualquier bebida que sea alcohólica van a tener que seguir asumiendo esta carga”, resaltó.
De manera que el ciudadano de a pie será quien pague el incremento impositivo, y no las grandes empresas, afirmó el Dr. Adolfo Solís.
Por su parte, Román Caso Espinosa, presidente de la Canieti, consideró que lo que el país requiere es certidumbre para la generación de negocios y empleos, lo cual no se está reflejando en la mecánica de la reforma fiscal.
“Los pronósticos no son alentadores, son fuertes, pero estamos atentos a ver que sale como la reforma ya integral, para tomar acciones. No se ve una apertura a escuchar y medio razonar lo que presentamos, y al no haber una mesa de plática, impugnar es la única mecánica”, concluyó el dirigente.
