MEXICALI, MARZO 15, 2020.- Después de un debate parlamentario, el Pleno del Congreso local aprobó con 19 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra el dictamen número 33 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc), el cual contiene una iniciativa propuesta por el gobernador del Estado, para adicionar la fracción V al artículo 24 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, con la cual se establece que la Comisión Regulatoria tendrá la siguiente atribución:
“En los trámites de apertura y operación de empresas extranjeras o foráneas en Baja California, si así lo estimaren conveniente las autoridades en materia de mejora regulatoria en el Estado, podrán requerir a las empresas anteriores, el depósito de una garantía que tenga como finalidad cubrir las obligaciones legales adquiridas con motivo de su operación y/o apertura”.
Asimismo, en uno de sus transitorios se inscribe que la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo realizará una campaña informativa para dar a conocer la presente reforma, y realizará un estudio de riesgo para identificar las características de las empresas golondrinas o de riesgo, a fin de que sean consideradas por los funcionarios responsables de dar trámite a las autorizaciones de nuevas empresas.
La iniciativa contenida en el referido dictamen, leído en tribuna por el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Cglpc, menciona en su exposición de motivos que con dicha reforma se protegerán los derechos de los trabajadores en el caso de que dichas empresas dejen de operar en el Estado, mediante el fortalecimiento del marco jurídico estatal, a efecto de incorporar un esquema de protección legal respecto de las posibles afectaciones laborales.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo explicó “que si bien Baja California se ha distinguido por impulsar la simplificación de trámites para el establecimiento de nuevas empresas que impulsen el desarrollo económico de la región, lamentablemente se han presentado casos en los cuales empresas foráneas, han dejado en estado de afectación a cientos de trabajadores, al abandonar el Estado sin cumplir con sus obligaciones laborales y legales”.
En ese sentido, subrayó que con ello se refrenda el compromiso del gobierno estatal con los trabajadores de Baja California, en cuanto a proteger sus derechos ante cualquier empresa que, aprovechando las facilidades de instalación y apertura en la Entidad, pueda dejarlos en estado de indefensión y convertirse en las llamadas empresas golondrinas, las cuales dejan a los trabajadores sin pago una vez que obtuvieron la mano de obra de trabajo.
“Es un compromiso de esta administración estatal seguir impulsando la creación de nuevas fuentes de empleos, apoyando a las empresas que cumplan con los requisitos legales, pero que además tengan un compromiso social con los bajacalifornianos que con su mano de obra y trabajo diario, impulsan el desarrollo económico de esta región”, concluyó.
