MEXICALI, OCTUBRE 21, 2020.- El Pleno de la XXIII Legislatura local aprobó por unanimidad el dictamen 62 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mismo que contiene dos iniciativas presentadas de manera separada por las legisladoras Eva Gricelda Rodríguez y Loreto Quintero Quintero, las cuales tienen el objetivo de crear la Ley del Centro de Conciliación Laboral para el Estado de Baja California.
En este ordenamiento legal, que consta de 5 capítulos, 24 artículos y 7 transitorios, se establece que dicho Centro de Conciliación será un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de poseer plena autonomía técnica, operativa y presupuestaria.
El Centro tendrá, entre sus atribuciones, ofrecer y prestar gratuitamente el servicio público de conciliación laboral para la solución de conflictos entre trabajadores y empleadores en asuntos del orden local, acorde con el artículo 123, Apartado A, fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, podrá expedir copias certificadas de los convenios laborales a los que se arribe en el procedimiento de conciliación y del resto de los documentos que obren en los expedientes que se encuentren en sus archivos, además de expedir las constancias de no conciliación.
Las inicialistas coincidieron en argumentar que con dicha ley se abandona el modelo tradicional y tripartita de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para la creación y transición de la función jurisdiccional a los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado, en el caso de los asuntos laborales de competencia local. Además de responder al derecho de los justiciables para resolver sus conflictos, en este caso obrero-patronales, de manera pronta y expedita.
Señalaron que con la creación de los Centros de Conciliación laboral, se cumple con lo mandatado en la reforma federal en materia de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, mediante la cual se modifican los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Especificaron que dicha reforma obliga tanto a la federación como a las entidades federativas, a resolver los conflictos laborales primeramente a través de los Centros de Conciliación Laboral, que serán organismos descentralizados de la administración pública, y en caso de que la diferencia subsista se ventilará en los Tribunales Laborales a cargo del Poder Judicial.
Este dictamen fue leído en la sesión ordinaria por una de sus inicialistas, la legisladora Eva Gricelda Rodríguez.
