Comentario:

Al cumplirse 25 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la versión del asesino solitario sigue siendo una gran mentira.

Los diversos fiscales que encabezaron las investigaciones cargan con una enorme responsabilidad histórica. Aquel acontecimiento fue un complot narcopolítico.

En su momento alguno de aquellos fiscales me comentó que “nadie se atreve a relacionar el crimen de Colosio con algún cartel”. Ahora, ante un nuevo aniversario, reitero mi convicción de que todos los detenidos y trasladados al penal de Almoloya, Othón Cortez, Rodolfo Rivapalacio, Tranquilino Sanchez, Vicente y Rodolfo Mayoral, y otros más, fueron chivos expiatorios y los usaron como cortina de humo para ocultar la verdad.

Para ellos sigue pendiente la reparación del daño a cargo del Gobierno Federal. Y por supuesto, mantengo mis dudas sobre Mario Aburto, a quien identifiqué y entrevisté en el penal de Almoloya en abril de 1994 a solicitud del secretario de Gobernación en consulta con la presidencia de la República.

En mi caso, siendo testigo de la declaración de Aburto en PGR la misma noche del atentado, puedo afirmar que este personaje llegó al cuarto de interrogatorio sedado y aleccionado para negarse a responder a las preguntas del agente del Ministerio Público federal.

Mi recomendación al nuevo gobierno que ahora encabeza el Lic. López Obrador, es reabrir el expediente del caso Colosio y llegar hasta las últimas consecuencias sin importar cuantos narcos y políticos estuvieron involucrados. Podrían empezar revisando los informes de la DEA y llamar a declarar a las líderesas de Lomas Taurinas que acompañaban del brazo a Colosio al momento de recibir el tiro en la cabeza.

Ellas vieron cara a cara al asesino y siempre negaron que fuera Mario Aburto. Pero fueron amenazadas y por temor abandonaron la ciudad. Igualmente en el caso del entonces delegado nacional de PRI que estando en el mitin nunca se acercó a Colosio y se mantuvo en la entrada de Lomas Taurinas junto con otros personajes de su partido.

Ahora, a 25 años de aquella tragedia, el nuevo gobierno tiene la palabra.

Atentamente:

José Luis Pérez Canchola.

Exprocurador de Derechos Humanos de Baja California (1994) y miembro desde 1986 de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, A. C.