TIJUANA, B.C., MARZO 21, 2018. La Comisión de Justicia CJ del Congreso local, presidida por la diputada Victoria Bentley Duarte PAN, aprobó por unanimidad la iniciativa que reforma los artículos 26, 126, 127 y 129 del Código Penal del Estado, a fin de que la máxima penalidad se incremente de 50 a 60 años. La iniciativa fue propuesta por la misma presidenta de este órgano de trabajo legislativo.
En ese sentido, mediante la modificación al artículo 126 queda establecido que se impondrá de 20 a 60 años de prisión al responsable de homicidio calificado; por la reforma al artículo 127 se dispone que a la persona que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendiente consanguíneo en línea directa, o a su hermano, con conocimiento de ese parentesco, se le impondrá de 20 a 60 años de prisión.
Por último, a través del cambio al 129 del referido Código se inscribe que tendrá una sanción de 20 a 60 años de prisión, quien cometa el delito de feminicidio.
Asimismo, en la misma reunión de la CJ se avaló de manera unánime la expedición de la Ley del Sistema Estatal de Justicia Terapéutica de Baja California, cuyo objetivo es establecer una coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y los gobiernos municipales para lograr una eficaz rehabilitación de las personas imputadas por consumo de drogas.
El inicialista, diputado Carlos Torres Torres (PAN), refirió en su exposición de motivos que el primer ejercicio para atender a personas imputadas con problemas de adicciones se realizó en Nuevo León, y poco a poco se desarrollaron modelos cada vez mejor diseñados en los estados de Chihuahua, Durango, Estado de México y Morelos, con miras a implementar el tratamiento de las adicciones desde la perspectiva del derecho a tener una vida sana física, emocional y psicológicamente.
Además, señaló que de acuerdo con la experiencia recabada en los foros sobre adicciones y seguridad que la Comisión de Participación Ciudadana y Modernización del Congreso de Baja California realizó el pasado mes de mayo de 2017, “las evidencias señalan de manera muy clara que los internamientos alternativos a la cárcel, como son los centros de rehabilitación certificados, han demostrado disminuir la tasa de delitos y, por otra parte, disminuir también la reincidencia”.
Durante la reunión de la Comisión de Justicia, realizada en el Órgano Superior de Fiscalización de Tijuana, estuvieron presentes los legisladores integrantes Victoria Bentley Duarte, presidente; Bernardo Padilla Muñoz, secretario, y los vocales Víctor Manuel Morán Hernández, Alfa Peñaloza Valdez, Job Montoya Gaxiola, Andrés de la Rosa Anaya, Luis Moreno Hernández y Raúl Castañeda Pomposo. Asimismo, se contó con la presencia del diputado Carlos Torres Torres.
