MEXICALI, MAYO 28, 2020. Fue aprobado el proyecto de dictamen de las comisiones unidas de Justicia y la de Hacienda y Presupuesto, que presiden respectivamente, los diputados Víctor Manuel Morán Hernández y Rosina del Villar Casas, por medio del cual se reforman diversas disposiciones de cinco instrumentos jurídicos.
La propuesta legislativa del gobernador del Estado, consiste en reformas a la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, la Ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable, el Código Fiscal, la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2020 y al Código Penal, todos del Estado.
Con ello, pretende hacer frente al grave flagelo por el que atraviesa Baja California en cuanto a las tomas de agua clandestinas; evasión en el pago por derechos por servicios públicos de los que han disfrutado, y prácticas desleales del robo de agua.
Se aprobó la modificación al artículo 22 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, la cual establece sus funciones principales, así como la integración y atribuciones de su Consejo de Administración, siendo omisa en señalar la organización interna de las citadas Comisiones, lo que ha generado una estructura innecesaria y costosa en donde incluso existe duplicidad de funciones en las áreas administrativas.
Así mismo, considera que es imperante que las estructura de las mismas sea reducida al mínimo, sin que afecte la operación efectiva de las mismas, por lo que se propone que la estructura cuente únicamente con una Dirección General, una Subdirección de Administración y Finanzas, una Subdirección Comercial y una Subdirección Técnica, asimismo se instruye a las Comisiones realizar una revisión administrativa de su estructura a efecto de disminuirla a un 30 por ciento en estricto apego al principio de austeridad, consiente y programada para lograr la optimización de los recursos públicos.
También busca incorporar reformas, tanto a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable de Baja California, así como a la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2020, actualizando los procedimientos de cobro y multas que se han quedado obsoletos y rezagados con los costos operativos de los mismos. De igual forma se crea una tipicidad más amplia, relativa a las conductas que perjudican la correcta implementación del servicio de agua potable, catalogándolas como defraudación fiscal equiparada en el Código Fiscal del Estado de Baja California.
Por último, se pretende reformar el Código Penal del Estado, incorporando el Capitulo Delitos contra la prestación de servicios públicos de agua, para garantizar el derecho constitucional y humano de garantizar el acceso al agua a toda la población, fortaleciendo las facultades sancionadoras del Estado, dando vida a nuevos tipos penales que hagan efectivas sanciones penales a quienes afecten la prestación de servicios públicos de agua, contribuyendo a erradicar la corrupción y establecer un nuevo marco jurídico que siente la bases en la recuperación financiera y administrativa de los organismos operadores del agua, pero sobre todo contar con el marco jurídico necesario para proteger el agua en beneficio de la sociedad bajacaliforniana.
En esta sesión la virtual en tiempo real, presidida por el diputado Víctor Morán, se aprobó el citado dictamen por 11 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, con las modificaciones presentadas por el representante del Ejecutivo Estatal, así como por los diputados Elí Topete Robles y Juan Manuel Molina García.
Participaron por videoconferencia, además de los diputados Víctor Morán y Rosina del Villar, los diputados; Montserrat Caballero Ramírez, Araceli Geraldo Núñez, Eva Gricelda Rodríguez, Juan Manuel Molina García, Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, Elí Topete Robles, Ramón Vázquez Valadez, Miriam Elizabeth Cano Núñez y Julio César Vázquez Castillo.
También el representante del Ejecutivo Estatal, Julio Felipe García Muñoz; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Salvador Juan Ortiz Morales; así como el Auditor Superior José Soto García, el director de Procesos Parlamentarios, Rodolfo Adame Alba y el director de Consultoría Legislativa, Francisco Javier Tenorio Andujar, del Congreso de Baja California.
