TIJUANA, DICIEMBRE 28, 2020.- La Asociación civil, Coordinadora Nacional de Abogados de México, presentó ante el Congreso del Estado, una solicitud de juicio político en contra del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como a su presidente, el licenciado Alejandro Isaac Fragoso López.
Asimismo, contra los consejeros Columba Imelda Amador Guillén, Alfonso Fonseca Vizcaíno, Sonia Mireya Beltrán Almada, Julio César García Serna, Francisco Javier Mercado Flores y César Holguín Ángulo, en documento que fue entregado al diputado Julio César Vásquez Castillo.
El Delegado en Baja California de esta Coordinadora Nacional de Abogados, José Hans Zamorano Dueñas, argumentó en su denuncia que los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado tenían la obligación de determinar su encargo en forma inmediata a partir de la publicación del decreto 110, de fecha 19 octubre el año 2020, en el Periódico Oficial del Estado, derivado del dictamen 49 emitido por la Comisión de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.
Conforme a lo anterior, cita la denuncia de Zamorano Dueñas, siguieron sesionando en forma por demás ilegal, queriendo tener injerencia en los asuntos que tienen que ver con el Poder Judicial del Estado, y tomando decisiones fuera del aspecto legal.
Y agrega que, no sólo están trastornando la administración de justicia en el Estado, con la intromisión de altas funciones del poder judicial, sino que también dejan en total estado de incertidumbre e indefensión a los ciudadanos de Baja California quienes esperan que las autoridades en todos sus ámbitos cumplan con sus obligaciones y deberes.
El delegado en Baja California de la Coordinadora Nacional de Abogados de México. A.C, dijo además que la permanencia ilegal de los consejeros en sus puestos provoca la duplicidad de infraestructura y personal así como el alto presupuesto injustificado, el cual debe ser eficaz y eficiente porque se trata de recursos públicos.
Este hecho, manifiesta en su denuncia, violenta el derecho humano a las personas a la justicia y al ser omisos en separarse del cargo generan sobre cargas financieras; excedentes que podrían haber sido utilizados en infraestructura, equipo, tecnologías y juzgados, lo que invariablemente se traduce en un deficiente servicio para los justiciables y la sociedad en general.
