Mexicali, julio 24, 2020. El Congreso de Baja California aprobó un punto de acuerdo propuesto por el diputado Julio César Vázquez Castillo, mediante el cual se “exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a efectos de que respete la división de poderes en el Estado de Colima, y se abstenga de entrometerse en asuntos internos de esa Soberanía Legislativa, y fomentar violencia política de género en contra de diputadas del Congreso del Estado de Colima”.
En su argumentación, el legislador de Partido del Trabajo dio a conocer que el pasado 7 de julio de 2020 la diputada de su partido, Ana Karen Hernández Aceves, y asambleístas aliadas de Morena del Congreso de esa Entidad, sufrieron violencia política de género por acciones impulsadas por dicho gobernador; lo anterior, a pesar de las reformas de avanzada en la legislación nacional y de las entidades federativas en el tema.
“Sirva este punto de acuerdo como un extrañamiento público al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, por sus excesos de autoridad y fomentar la violencia política de género, en perjuicio de nuestra compañera diputada del Partido del Trabajo y diputadas aliadas del partido Morena del Congreso de Colima, al ser ultrajadas con violencia física y verbal, que, inclusive, requirió hospitalización de una de ellas, al impedirles el acceso a una sede legislativa del Congreso, donde anunciaron que votarían en contra de una solicitud de endeudamiento público solicitada por el gobernador golpeador de mujeres”, señaló Vázquez Castillo.
Agregó que el Congreso de Colima, y cualquiera del país, es el instrumento de la voluntad popular para legislar en favor del pueblo, y no para responder a interés mezquinos y obscuros como los del citado gobernador, quien prefiere fomentar a través de la policía estatal la violencia política de género en contra de legisladoras colimenses, que tener a la seguridad pública al servicio del bienestar de los ciudadanos.
El presidente de la XXIII Legislatura de Baja California destacó que el recinto del Congreso es inviolable, y toda fuerza pública está impedida a tener acceso al mismo, además de que ninguna autoridad podrá ejecutar mandamientos judiciales o administrativos sobre los bienes del Congreso, ni sobre las personas o bienes de los diputados en el interior del recinto parlamentario.
En ese sentido, concluyó que “nada justifica el que se permita el uso de la fuerza pública e intromisión del Gobierno del Estado, en asuntos internos de otro poder como el Legislativo”.
