TIJUANA, ABRIL 08, 2020. La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, ha provocado el cierre de distintos negocios como bares, restaurantes, boutiques y otros considerados no esenciales, sin embargo, las auditorías e inspecciones por parte de las autoridades han continuado.
Lo anterior lo señaló el abogado fiscalista Jorge Pickett Corona, al referir que instancias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMSS, gobierno del estado e Infonavit, no han cesado los embargos y auditorías, a pesar de saber que muchos negocios han cerrado.
“Han continuado con las facultades de comprobación, que son aquellas que establece el Código Fiscal de la Federación, donde las autoridades verifican que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales”, explicó.
En ese sentido, las autoridades llevan a cabo los procedimientos administrativos de ejecución, es decir, las autoridades hacen exigir el pago de créditos fiscales como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), entre otros.
“En el requerimiento de pago, las autoridades fiscales amablemente exigirán que se cubran los créditos fiscales dentro de los plazos señalados por la Ley; de no ser así, procederán con el embargo, ya sea de bienes o negociaciones que por derecho le correspondan al contribuyente, y con ello se pueda satisfacer el crédito fiscal”, detalló.
Pickett Corona comentó que, con justa razón, los contribuyentes tienen el temor de que el fisco federal prosiga con visitas de inspección, requerimientos de pagos, mandamientos de ejecución y embargos, aun cuando los negocios están paralizados.
“No hay manera de que los contribuyentes, en tales circunstancias, estén en condiciones de recibir notificaciones, visitas de inspección, requerimientos de pagos, si no están en función”, enfatizó.
Para finalizar, el abogado fiscalista hizo un llamado para detener las auditorías y embargos y, en cambio, que el SAT conceda prórroga para el pago de contribuciones, ante la crisis que ha provocado la pandemia a nivel mundial.
