MEXICALI, ABRIL 1, 2020.- El diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, presentó por Oficialía de Partes, una Iniciativa de reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, recientemente.
Con esta iniciativa, se pretende introducir en el marco legal de Baja California la regulación de prácticas indebidas en el ejercicio de la función pública, como son: el peculado, conflicto de intereses, nepotismo y cohecho, así como adicionar el principio de austeridad en la administración del dinero público.
Su finalidad es fortalecer el combate a la corrupción en nuestro Estado y armonizar la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California con la Ley General en la materia, específicamente con las recientes reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril y 19 de noviembre de 2019.
Hizo hincapié en su exposición de motivos en que el pasado 31 de enero de 2020 el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) a través de su comisión ejecutiva exhortó al Congreso del Estado a actualizar esta Ley, mencionando que Baja California no puede sustraerse de incluir en su legislación los nuevos instrumentos que contempla la Ley General.
También destacó que, en su iniciativa se establece de forma precisa y categórica una separación entre la función pública y los intereses propios. Y se busca que, para poder fungir como servidor público, la información y el conocimiento adquirido en el ejercicio de su función, no podrán ponerse al servicio y lucro de intereses personales.
Consideró el inicialista que no basta proponer normas de austeridad, y avanzar en temas legislativos al respecto de corrupción, si las prácticas que suelen presentarse en servidores públicos como el conflicto de intereses, nepotismo, corrupción, peculado y cohecho, sigan sin regulación y sanción.
El legislador argumentó que, la corrupción no es un fenómeno privativo de algunas sociedades, se encuentra en prácticamente todo el mundo, sin embargo, para los países en que su presencia es una constante, representa un serio obstáculo, que genera ineficiencia en la administración de los recursos públicos e impacta desfavorablemente en el desarrollo económico.
Por ello, mencionó que, es urgente contar en nuestro marco legislativo con leyes que fortalezcan el combate a la corrupción. Y nuestro Estado, tiene que ser el ejemplo de contar con servidores públicos honestos que desempeñen su cargo con amor a la patria antes que cualquier interés personal, en beneficio de todas y todos los ciudadanos.
Las modificaciones a los artículos 7, 49, 52, 53, 54, 59, 60 bis, 63 bis y 64 bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, contemplan entre otras bondades, lo siguiente: Establecer nuevas obligaciones a los servidores que fortalecen las medidas tendientes a eliminar el conflicto de intereses con motivo de parentesco, relaciones sociales nacionales o extranjeras entre otros.
Además que: Previo asumir un cargo, el servidor público tiene la obligación de separarse de las actividades económicas que se relacionen con el cargo que ha de asumir, así como incorporar los tipos de simulación de actos jurídicos, nepotismo y violaciones a las disposiciones en materia de fideicomisos, entre otras.
