MEXICALI, AGOSTO 10, 2019.- El gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, advirtió que el nuevo gobierno que le tocará encabezar acabará con la anarquía que los últimos gobernantes (panistas) han tolerado y propiciado porque no han sido capaces de coordinarse con los gobiernos federal y locales para hallar soluciones.
“Nos están dejando una ´papa ardiendo´, pero la vamos a ´enfriar´ con inteligencia y
firmeza”, dijo el próximo mandatario, al señalar que “aunque todavía no estoy
ejerciendo autoridad como gobernador, mis viajes a la Ciudad de México son para ir
avanzando en beneficio de Baja California”.
Puso como ejemplos de la anarquía regional, la “toma de casetas” en autopistas
concesionadas, que se convirtieron en “negocio millonario” para unos cuantos, lo que
ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República; los altos índices de
inseguridad; y, el creciente parque vehicular de autos “chocolates”.
A cada asunto, dijo, dará solución a partir del primer día de su gestión, el 1 de
noviembre entrante, para lo cual confía en contar con la atención y comprensión del
presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que funcionarios de su Gabinete legal
y ampliado, participen con respeto a Baja California.
“Somos un Estado libre y soberano que toma parte en el Pacto Federal para dar vigencia
a nuestro país, como Estados Unidos Mexicanos; nuestra entidad aporta mucho más de
lo que recibe, por eso pedimos que nos respeten, escuchen y atiendan, no que nos
quieran imponer sin tomarnos en cuenta”, dijo.
“Me critican cuando digo esto a los del centro, pero es la verdad; me cuestionan y dicen
que son un ´subversivo´, por reclamar respeto a la soberanía y autonomía de nuestro estado, porque no ha habido antes alguien que defienda los intereses y derechos de
Baja California”, enfatizó Bonilla Valdez.
Al referirse al desalojo de “manifestantes” que desde hace año y medio tenían tomadas
varias de las “casetas de peaje”, el próximo jefe del Ejecutivo estatal comentó que “es
una muestra de la anarquía que han propiciado los últimos gobernantes, por tibieza o
falta de capacidad para resolver estos asuntos”.
El tema, dijo está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, cuyo titular
es Alejandro Gertz Manera, con quien dijo haber platicado sobre el particular, lo mismo
que con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a
quienes expuso las inquietudes ciudadanas sobre la presencia de particulares que
hicieron de este movimiento un “negocio millonario”.
“Con todo y lo genuino que fueron al inicio sus demandas, está comprobado que nada
tienen que ver con los damnificados de Lomas del Rubí o con otros grupos necesitados;
para eso, el Gobierno federal ya tiene programas de apoyos sociales que están
funcionando”, apuntó.
“Sabemos que la gente se queja mucho del costo de las carreteras… y tienen razón, creo
yo que se les ha pasado la mano (a empresas concesionarias) … particularmente en el
caso de Tijuana, donde la gente tiene que ir a su casa y tiene que pagar peaje, lleva a
sus niños a la escuela o a comprar el mandado… y debe volver a pagar cuota… eso es
injusto… se tiene que resolver…”
Pero esto –comentó-, fue aprovechado por sedicentes líderes que aseguran actuar a
nombre de grupos que tienen necesidad y los usan, a ellos, para llevarlos a las casetas.
“Hay casos donde les cobran y les rentan las casetas… pagas tanto y te dejan que estés
allí… exactamente… bajo el pretexto de una lucha social”.
Considera que la intervención de la Guardia Nacional para el desalojo de
“manifestantes”, es parte de su función, y también para dar tranquilidad a usuarios,
incluyendo a turistas, que transitan en las autopistas concesionadas con las garantías
del seguro y auxilio vial correspondientes.
