TIJUANA, AGOSTO 7, 2019.- El alcalde electo, Arturo González Cruz, aceptó -bajo protesta- las fechas propuestas por el alcalde saliente Juan Manuel Gastélum Buenrostro para que su personal visite a funcionarios públicos e iniciar en cada área la transición, pero de acuerdo con su visión “algo ocultan” y tras una auditoría que podría durar tres meses saldrá todo a relucir.
Acompañado de una síndico procuradora Meli Espinoza quien no oculta su malestar por la dilación en el trámite; un secretario general de gobierno municipal Carlos Murguía quien ha sido regidor, diputado y delegado de Economía en la administración de Enrique Peña Nieto, Arturo González Cruz dijo que él se va a dedicar a gobernar en tanto su sindico procuradora a fiscalizar.
Frente a medios de comunicación alzó su “lupa” como símbolo de la supervisión minuciosa que le pidió -dijo- un ciudadano respecto a los manejos de fondos en la administración municipal que aún encabeza el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Previamente señaló que “No se trata de venganza” pero se nos hace muy sospechoso cómo se bloquez la transición “…qué se está escondiendo, qué se quiere ocultar?”, se preguntó ante los representantes de los medios de comunicación a quienes les confió que parte de lo que consideran irregular es la creación de cuatro empresas de comunicación, justo al inicio de la administración en el 2017 para figurar en la hacienda pública como proveedores.
En particular las empresas son:
1) Mexina
2) Dandy Creativo
3) Grupo Consultor de Mercados
4) Five Star Promotion
Con estas cuatro empresas, advirtió, vamos a irnos a fondo e investigaremos cual es la pauta que contrataron con ellos y vamos a dar cuenta de manera transparente en qué se utilizaron los dineros de los tijuanenses para efecto de promocionar a estas empresas.
“nos queda muy claro que es lo que está pasando, habiendo contratos de parquímetros, basura, medios de comunicación que se crearon en el 2017, nóminas, que no se pagaron en el tema educativo con lo que se provoca un quebranto de 270 millones de pesos”.
Yo soy una persona responsable, seria una persona que viene a cambiar la forma en que se lleva la administración de Tijuana… Yo voy a gobernar”, dijo González Cruz al mencionar que tal vez la XXII administración se equivoca al pensar que al limitar o bien obstaculizar la entrega se les pretende hacer daño, pero se equivocan, puntualizó.
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En el marco de la conferencia sostuvo que la información que existe en transparencia no concuerda con la realidad en algunos casos y que algunos funcionarios están actuando con responsabilidad sin estar de acuerdo con las instrucciones de la administración actual.
Destacó que le gustaría ver la los contratos que se otorgaron para comprar Dos Drones para seguridad pública con un contrato de 3 millones de pesos… más una licencia millonaria para operarlos.
Hasta el momento, informó González Cruz, no han querido entregar información para facilitar la transición las siguientes dependencias:
1.- Secretaría de Gobierno
2.- Las 9 delegaciones muncipales
3.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal
4.- Secretaría de Desarrollo Social Municipal
5.- Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable
6.- Secretaría de Desarrollo Económico
7.- INDET
8.- Simpat
9.- Imjuve
10.- Incab
11.- Desom
12.- Inmujer
13.- Dif
14.- Promun
15.- Implan
16.- Tribunal Contencioso
17.- Consejería Jurídica
Antes a pregunta de Diario Tijuana quedó en claro que la Sindicatura Procuradora realizará una auditoría profunda a todas las dependencias y para tal efecto los nuevos funcionarios explicaron que esta tomará un promedio de tres meses.
Por su lado el abogado Salvador Gómez Ávila quien ha fungido en cargos de alta responsabiidad como sub delegado de la PGR, sub procurador de justicia en Tijuana y jefe del área jurídica del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Salvador Gómez Avila comentó que en base al Artículo 14 de la Ley Entrega Recepción, todos los funcionarios tienen la obligación de tener actualizados sus registros.
Y bajo la óptica del abogado entorpecer la marcha de la administración es generar un quebranto que se puede demandar por la vía incluso penal, no solo administrativa lo cual implica que se tenga que pagar por el quebranto que se genere.
Finalmente adelantó que aunque no están de acuerdo, su gabinete va a estar presente en las reuniones que propuso de manera unilateral el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
