CIUDAD DE MÉXICO, DICIEMBRE 05, 2018.- Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentaron los resultados del estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de justicia transicional en México, encargado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El estudio ofrece herramientas y alternativas para atender las causas, consecuencias y legado de la violencia a gran escala que ha vivido el país desde el año 2006.
En la presentación del informe estuvieron el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el Director General del CIDE, Sergio López Ayllón, así como Mariclaire Acosta Urquidi, Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y Jacobo Dayán, analista internacional y especialista en derechos humanos.
Los académicos del CIDE expusieron que en la experiencia internacional existen numerosos ejemplos de países que han enfrentado problemas de violencia a gran escala mediante el uso de un conjunto de herramientas que buscan atender sus consecuencias, en particular, la atención y reparación de las víctimas. Es a este conjunto de medidas y estrategias que se le ha denominado justicia transicional, la cual tiene cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
En ese sentido, señalaron que una política pública de justicia transicional para México debería tener los siguientes objetivos: 1) esclarecer los hechos que causaron la violencia e identificar a los responsables, 2) reducir la impunidad, 3) reparar a las víctimas por el daño sufrido y reconstruir el tejido social y 4) impedir la repetición de los eventos.
“Las víctimas, merecen que los hechos y contextos en los que se ha desarrollado la violencia sean plenamente esclarecidos e investigados, que se combata la impunidad y las víctimas sean integralmente resarcidas; es una deuda que el Estado tiene con todos aquellos que han soportado la afectación a sus derechos humanos”, señaló el Presidente de la CNDH.
El estudio del CIDE ofrece un marco conceptual para entender el contenido y alcance de la justicia transicional; identifica los diferentes tipos de violencia que sufre el país con base en la mejor información disponible; y concluye con un conjunto de recomendaciones para diseñar una política pública de justicia transicional en México.
El Director General del CIDE señaló que “es posible poner en marcha un proceso de justicia transicional en México dentro del marco vigente, y sólo en ciertos casos se necesitaría de reformas legales (o constitucionales) de mayor alcance”.
Los académicos enfatizaron que una política justicia transicional, por sí misma, no puede resolver el problema de violencia que vive el país. En ese sentido, señalan que ésta debe ser acompañada de otras medidas y políticas prospectivas que atiendan las causas estructurales de la violencia, tales como la pobreza, la corrupción, la impunidad, la debilidad institucional y la política de política de drogas.
Los investigadores que participaron en la elaboración del estudio son Javier Cruz Angulo Nobara, Laura H. Atuesta Becerra, José Antonio Caballero Juárez, Guillermo M. Cejudo Ramírez, Juan Espíndola Mata, Pablo Kalmanovitz, Sandra J. Ley Gutiérrez, Sergio López Ayllón, Javier Martín Reyes, Ximena M. Medellín Urquiaga y Rodrigo Meneses Reyes.
La versión completa del Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de justicia transicional en México se encuentra disponible en la página web del CIDE: https://www.cide.edu/.
