MEXICALI, B.C., JULIO 15, 2018. El diputado maestro Raúl Castañeda Pomposo propuso mediante Oficialía de Partes del Congreso, reformar el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con la finalidad de establecer que para ser electo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), se requiera que obtenga la mayoría absoluta de los integrantes del Pleno de dicho Tribunal.
En su argumentación, el legislador indicó que ese numeral ha sido y es objeto actualmente de diversas críticas por parte de la comunidad jurídica del Estado y de los propios integrantes del Poder Judicial, en lo que se refiere a la falta de certeza y claridad, así como por la forma, ya que es reiterativo en aspectos como la manera en que debe realizarse la votación para la elección del presidente, el término de su periodo y Ia posibilidad de su reelección.
“Pero adicionalmente, y es lo que tiene por objeto esta iniciativa como principal intención legislativa, dicho precepto no señala el número de votos mínimos requeridos de los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que deberá recibir quien sea electo presidente de este importante órgano colegiado”, subrayó Castañeda Pomposo.
Por lo anterior, y para llenar dicho vacío legislativo, propone que para ser electo presidente del TSJE, y por ende del Consejo de Ia Judicatura, ambos órganos del Poder Judicial, se requiera de la mayoría absoluta; es decir, la mitad más uno del total de los integrantes, que para el caso de la conformación actual de este Tribunal correspondería tener por lo menos 9 votos de los 17 magistrados que hoy en día integran el Pleno.
“Con esta intención legislativa se pretende abonar al principio de certeza jurídica dotando de mayor claridad y, sobre todo, legitimidad a quien sea electo para esa importante responsabilidad dentro de ese poder; también el aspirar a la confianza de los ciudadanos quienes buscan contar con la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes, ahuyentando dudas generadas sobre las normas a aplicar y, sobre todo, brindando seguridad jurídica a quienes integran el Poder Judicial de nuestro Estado”, concluyó.
