TIJUANA, JULIO 9, 2021.- La Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHFP) nunca se ha negado a que siga funcionando el Sistema Estatal Anticorrupción, aun cuando la presente administración estatal detectó irregularidades y fallas en la rendición de cuentas.
Y es que para el Gobierno de Baja California, es de carácter prioritario contar con un Sistema Estatal Anticorrupción eficiente y eficaz, que cumpla con las funciones y atribuciones que le correspondan para, entre otros, combatir y prevenir la corrupción en la gestión pública.
En este sentido, la titular de la SHFP, Vicenta Espinosa Martínez, a solicitud del mandatario Estatal Jaime Bonilla Valdez, presentó un informe puntual de irregularidades y fallas detectadas al realizar revisiones con apego a la normatividad, referentes al recurso público.
Lo anterior, luego de las declaraciones de Francisco Fiorentini, representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y uno de los seis consejeros suspendidos, quien argumentó que este gobierno estatal no está haciendo lo correcto e intenta “bloquearlos”.
Para entrar en contexto, la funcionaria explicó que el órgano colegiado del Sistema Estatal Anticorrupción está conformado por un comité coordinador de 22 integrantes (11 ciudadanos y 11 autoridades) diseñado para la promoción y evaluación de políticas públicas; un comité coordinador ciudadano (15 ciudadanos 10 técnicos y 5 honoríficos institucional que coadyuva con el comité coordinador y vincula a las AC y academia).
“En este órgano de gobierno participamos las autoridades con los ciudadanos, entonces en este órgano de gobierno se aprueban los programas operativos anuales, el presupuesto, los estados financieros, la estructura, sueldos, etc.”, abundó.
Entre las anomalías detectadas, destaca que el Consejo de Participación Ciudadano (CPC) está integrado con algunos consejeros ciudadanos que incumplían con requisitos de Ley, para formar parte de este organismo, por ejemplo, Eduardo Arredondo, incumple con requisito legal al haber estado registrado en el Partido Acción Nacional.
Espinosa Martínez puntualizó que el 9 de diciembre del 2019, la secretaría a su cargo participó en la tercera sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2019, en la que se aprobó el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de $14,952,600.00 pesos, sin embargo, no se realizó ejercicio de rendición de cuentas del uso de recursos 2020, por parte del secretario técnico Luis Ramón Irineo.
La funcionaria explicó que se convocó a diferentes sesiones del órgano de gobierno convocadas por 2 consejeros ciudadanos y diversas autoridades, incluyendo a la secretaría que encabeza, las cuales no se realizaron por falta de participación de los demás consejeros ciudadanos.
Ante la falta de rendición de cuentas, la SHFP practicó una auditoria administrativa respecto el uso de los recursos públicos por el periodo de enero del 2020 a marzo 2021, a la cual se opuso el secretario técnico de la Secretaría ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que la secretaria empleó las medidas de apremio que la ley le confiere suspendiéndolo del cargo.
Cabe destacar que, la SHFP detectó falta de justificación de pagos efectuados a los consejeros de participación ciudadana y es que celebraron contratos de prestación de servicios por honorarios.
De igual forma, la titular de Honestidad indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los artículos 16 y 17 del Comité de Participación Ciudadana, en el que los ciudadanos honoríficos no recibirán contraprestación alguna por sus servicios, aunado a que la misma Ley prohíbe a los integrantes del Comité dedicarse a cualquier otra actividad que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestaron durante el tiempo de su gestión.
La funcionaria estatal aclaró que la secretaría a su cargo, al ser parte integrante del órgano de gobierno, al advertir las inasistencias de los miembros y por ende el incumplimiento de sus funciones, puede de oficio iniciar la investigación correspondiente para la determinación de las faltas administrativas.
Dio a conocer que además de haber iniciado un expediente oficioso, también el 17 de julio del 2021 recibieron una denuncia por parte de Ricardo Esteban Zurita López y Edgardo Silva Rivera, integrantes del Comité de Participación Ciudadana de la SESEA, en la que denuncian que Francisco José Fiorentini Cañedo, Jorge Topete Calvario, Eduardo Arredondo Uribe, Omar Marrón Luna, Fermín Álvaro Gutiérrez Villa, Claudia Telles y Yolanda Isabel Fierro Valenzuela también integrantes del CPC del SESEA por no cumplir con funciones y atribuciones.
En este sentido, la dependencia inició con actuaciones para resolver el caso, de igual forma, en fecha 23 de junio con los elementos de prueba recabados se determinó calificar la falta administrativa de los presuntos responsables como no grave de acuerdo a la ley de la materia, realizando el informe de presunta responsabilidad (IPRA), con el incidente de solicitud como medida cautelar de suspensión temporal de los presuntos responsables, por no cumplir sus atribuciones y funciones encomendadas en la ley.
La titular de Honestidad indicó que tras dichos acontecimientos y al revisar los nombramientos de quienes conformaban este comité coordinador se percataron que desde su nombramiento no cumplían con los requisitos, detectando irregularidades en los 6 consejeros suspendidos.
Caso específico, Francisco José Fiorentini Cañedo (Honorífico), el cual no tiene título profesional de cualquier licenciatura, y no cuenta con los conocimientos y experiencia relacionados con la materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus funciones.
La titular de la SHFP expresó “solicitamos de manera muy especial que el sistema estatal anticorrupción ʻlimpie su casaʻ que arregle la situación de hacer bien su trabajo… El SEA tiene todas estas irregularidades que salieron en la auditoría, que no hemos terminado, es un avance”.
Por último, advirtió que, el Sistema Estatal Anticorrupción local desde su origen ha presentado inconsistencias que han impedido cristalizar en la vida pública del Estado los fines para lo cual fue creado, por lo que se tomarán las acciones correspondientes que ayuden a seguir construyendo un gobierno honesto y transparente.
