Tijuana, Baja California, martes 2 de junio de 2020.- Ante los hechos de “abuso de autoridad” cometidos particularmente por policías en Estados Unidos y las manifestaciones de ciudadanos en contra de los atropellos de cuerpos policiacos; recuerdan que Tijuana tiene una deuda con la ciudadanía ante la muerte de un ciudadano que presuntamente falleció a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal.
Ante este hecho lamentable, cabe señalar que la Síndica Procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa, desde el momento en que tuvo conocimiento de dicho evento, instruyó de manera inmediata la investigación al personal de la Dirección de Asuntos Internos, para recabar los elementos de prueba suficientes.
Es importante puntualizar que el proceso de investigación que sigue esta dependencia, también se apoya en los elementos de averiguación que pueda aportar la Fiscalía General del Estado.
En la investigación administrativa que realiza la Sindicatura, aún hace falta que a la Dirección de Investigación y Determinación perteneciente a dicha dependencia, le hagan llegar por parte de SEMEFO el certificado de necropsia realizada al hoy occiso, así como también la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado quien está llevando las indagaciones penales sobre el caso, para en su momento proceder por parte de la Sindicatura Procuradora a la solicitud de remoción definitiva de los policías involucrados.
Cabe decir que derivado de este proceso que se encuentra en desarrollo, los referidos elementos policiacos aún se encuentran bajo una “suspensión temporal” o preventiva de sus cargos, y por cuanto a su situación jurídica penal ello será determinado por parte de la Fiscalía General del Estado.
Para la titular de la Sindicatura Procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa, como responsable de vigilar el actuar de los servidores públicos municipales, es de suma importancia que el ciudadano se acerque a denunciar los abusos de autoridad que los víctimice, para así recabar elementos de prueba que permitan sancionar al servidor público que, a su vez incumpla o haga mal uso de las facultades que le fueron conferidas.
