MEXICALI, MARZO 11, 2020.- En el seno de la Comisión de Justicia que preside el diputado Víctor Manuel Morán Hernández, se aprobó por unanimidad el Proyecto de Dictamen relativo a la Iniciativa que adiciona y reforma una fracción del Artículo 6 de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California, dictaminado en sentido procedente.
La iniciativa que contiene dicho proyecto, fue presentada por el legislador el 26 de septiembre de 2019, con el propósito de fortalecer la participación conjunta que recibirán las víctimas en el proceso de ayuda, atención y asistencia.
De acuerdo con el diagnóstico ofrecido por el inicialista, existe la necesidad de fortalecer los mecanismos de ayuda a favor de las víctimas y de igual manera fortalecer el radio de actuación de los Organismos de la Sociedad Civil, a través de las Barras de Abogados, Colegios de especialistas para que participen de manera más activa y con un marco de referencia más claro, en favor de las personas víctimas de delito.
A dicha sesión ordinaria de esta Comisión legislativa que fue presidida por el diputado Víctor Morán y que tuvo lugar en la Sala de Juntas “Dr. Francisco Dueñas Montes”, asistieron: la diputada secretaria, Monserrat Caballero Hernández y los diputados: Juan Manuel Molina García, Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, Elí Topete Robles, Eva María Vásquez Hernández y Ramón Vázquez Valadez.
Además, destacó la presencia del director de Seguimiento Legislativo, Julio Felipe García Muñoz, en su calidad de representante del Poder Ejecutivo y del secretario general del Consejo de la Judicatura, Francisco Gerardo Salcedo García, representante del Poder Judicial, así como del director de Consultoría Legislativa del Congreso del Estado, Francisco Javier Tenorio Andújar.
Otro de los asuntos contemplados en el Orden del Día, fue el Acuerdo No. 6 de esta Comisión legislativa, relativo al exhorto enviado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta a los Congresos locales a que informen a esa Soberanía, sobre el avance respecto a la armonización de su legislación con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de constancias de antecedentes penales, mismo que fue aprobado por los diputados integrantes.
