TIJUANA, ABRIL 28, 2020. Ante la falta de presupuesto suficiente para mantener los juzgados estatales sanitizados, el presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California A.C. (Fedabo), José Luis Molina Magaña, dijo estar a favor de que las actividades se mantengan suspendidas hasta el 31 de mayo.
El dirigente precisó que el gremio de abogados ya está desesperado porque el Poder Judicial del Estado retome sus operaciones, cuya fecha de inicio se había planteado para el 6 de mayo.
Sin embargo, ante el avance de la pandemia, las autoridades señalaron que las siguientes semanas serían las más fuertes en cuanto a contagios de covid-19, por lo que los juzgados federales decidieron mantener cerrado hasta el 31 de mayo y, en consecuencia, los juzgados estatales adoptarían la misma medida.
“Yo considero que el Poder Judicial debería seguir con la suspensión hasta el último de mayo, pues en las salas civiles del Tribunal Superior de Justicia existe mucho hacinamiento, es cuestión de observar las secciones civil, penal y de amparos, ahí hay 80 personas y, por si fuera poco, los expedientes van de mano en mano; son aproximadamente 2,000 empleados en el Poder Judicial”, resaltó.
Molina Magaña subrayó que a sus compañeros abogados no les va a gustar que se mantenga esta suspensión, pero es más importante salvaguardar la vida, ya que el poder judicial estatal no cuenta con recursos para mantener las instalaciones sanitizadas ni para otorgarles insumos de higiene a sus empleados, tales como gel antibacterial, cubre bocas, guantes, entre otros.
“El poder judicial ha sido el puntito negro de la administración. No le ha proveído de los recursos económicos que requiere para crecer, entonces ahorita con la pandemia, para limpiar los tribunales que son muchos en todo el estado, se requiere de un buen dinero”, comentó el presidente de la Fedabo.
Y es que son alrededor de 50 juzgados en todo el estado; 40 jueces de control, 4 especialistas en justicia para adolescentes y 4 especializados en ejecución, más 2 salas civiles, 3 penales y una unitaria para adolescentes, por lo que el Lic. Molina Magaña hizo un llamado para que el Poder Judicial del estado haga saber a la comunidad que se extiende el plazo de suspensión hasta el 31 de mayo.
En sus instalaciones, dijo, se llevan asuntos civiles, de arrendamientos, legalización de propiedades, fideicomisos, hipotecarios, mercantiles, en fin, muchos asuntos que ahí se ventilan y que ahorita están suspendidos.
“El estado les ha dado lo justo para su operación, pero no para crecer y es necesario hacerlo, porque la justicia retardada es justicia denegada, los asuntos tardan mucho para su resolución. Son muchos expedientes y pocos juzgados en materia civil y no se diga en familiar, están rebasados. La falta de presupuesto es lo que hace inviable entrar a laborar la siguiente semana”, finalizó.
