CDMX, FEBRERO 24, 2021.- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó el Reporte de Acciones de la CNDH en los Sistemas Penitenciarios durante la pandemia por COVID-19, con el propósito de dar a conocer las acciones realizadas por este Organismo Nacional para salvaguardar la protección y defensa de los derechos humanos de 215 mil 232 personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios del país.
Acompañada de la Directora General de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, Hilda Téllez Lino, durante una transmisión virtual, Piedra Ibarra refrendó el compromiso de la Comisión Nacional con ese grupo poblacional, sus familiares y las personas que laboran en los centros penitenciarios, y detalló que México enfrenta un reto importante en el contexto sanitario que ha dejado de manifiesto las áreas de oportunidad y carencias que los centros penitenciarios presentan, y que se han agudizado con la pandemia, y se ven reflejados en la falta de servicios de salud y agua, entre otros, que imperan en esos lugares.
En este sentido, la CNDH realizó alrededor de 52 mil 91 acciones de defensa y protección de los derechos de las personas privadas de la libertad durante el 2020. También dijo que los derechos de estas personas, debe efectuarse a partir de un enfoque diferencial, especializado, interseccional y con perspectiva de género, siendo indispensable centrar la mirada en las acciones gubernamentales que se están realizando para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad, y avanzar en la necesaria y urgente despresurización de las cárceles.
La Ombudsperson nacional destacó que este Organismo Autónomo adoptó medidas y realizó los ajustes necesarios para dar continuidad a los trabajos de supervisión penitenciaria a nivel nacional, a pesar de las restricciones sanitarias, acciones que han visibilizado las necesidades específicas de este grupo de personas y que han alertado a las diversas autoridades, no sólo penitenciarias, sino de los tres órdenes de gobierno, en velar porque se protejan y garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Por su parte, Hilda Téllez Lino, Directora General de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, señaló que se enfocaron acciones concretas para garantizar el derecho a la salud de este grupo poblacional durante la pandemia por COVID-19, como la emisión de solicitudes de medidas cautelares dirigidas a las diversas autoridades penitenciarias federales, estatales, militares, de la Secretaría de Salud Federal y de los estados, e instancias corresponsables, y se solicitaron garantías para el abasto oportuno y suficiente de vacunas contra la influenza para las personas privadas de la libertad y el personal que labora en recintos penitenciarios.
La CNDH también implementó el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 en los centros penitenciarios, que al 23 de febrero de 2021 registró 3 mil 289 casos confirmados, 7 casos sospechosos, 250 decesos y 2 mil 782 personas recuperadas del virus. También se realizaron 26 visitas de supervisión en 17 entidades del país, para verificar la aplicación de medidas de prevención, atención y mitigación de riesgo sanitario, cuyos resultados fueron presentados en un informe especial en julio pasado.
Además, se emitieron 13 Recomendaciones, de las que cinco fueron dirigidas al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y se ha mantenido la presencia de los visitadores adjuntos en los centros federales para la atención directa de las personas privadas de la libertad.
Respecto al área de quejas e inconformidades durante el 2020 se registraron mil 38 quejas, 717.3% más, respecto al 2019. Del total de quejas, 55.1% corresponden a presuntas violaciones al derecho a la salud y 136 están relacionadas con problemas derivados del virus Sars-Cov-2. También en el marco del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, se identificó situaciones de riesgo, por ejemplo, en el Centro de Reinserción Femenil de Tapachula, Chiapas, donde se detectaron peligros para las mujeres y se procedió a enviar solicitudes de medidas cautelares, además de iniciar una investigación de oficio.
