TIJUANA, NOVIEMBRE 25, 2020.- El diputado estatal Rodrigo Otañez Licona, del Partido de Baja California (PBC) en la 23 Legislatura local, expuso sus consideraciones al votar en contra de la reforma sobre la integración de los consejos que conforman las cuatro comisiones estatales operadoras del agua y drenaje, al referir que no existía una justificación real para dejar fuera a representantes de grupos empresariales y de la sociedad civil.
El tema que se votó hoy a favor por la mayoría de los legisladores, fue una propuesta del Gobernador del Estado, Jaime Bonilla, para reformar los Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13 Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Baja California, para reconfigurar la integración de los consejos de administración en Tijuana y Playas de Rosarito (CESPT), Mexicali (CESPM), Tecate (CESPTE) y de Ensenada (CESPE).
Dicho cambio legislativo, según el inicialista, mejorará la administración de las comisiones, simplificará procesos y reducirá estructuras administrativas innecesarias, además de que la participación de consejeros de grupos empresariales no contribuyó para mantener las finanzas sanas ni reducir la cartera vencida, con más de 3 mil 424 millones de pesos en cuentas por cobrar del rubro empresarial y comercial.
En su argumentación, el diputado pebecista indicó que la inclusión de representantes ciudadanos, como son de las Cámaras Canaco y Canacintra en el caso de CESPT, son para aportar una visión de desarrollo a largo plazo y enriquecer el debate al interior de estos organismos que, de hecho, son descentralizados.
Agregó que, al contrario, la tendencia mundial no es desaparecerlos sino ciudadanizarlos, de tal forma que su labor transcienda a cualquier partido político o forma de gobierno; además de que organismos económicos internacionales e incluso la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinan recursos a programas de las comisiones si sus consejos se integran por miembros de la sociedad civil.