Mexicali,B.C.- La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, será reformada para actualizarla con la realidad que se vive en la entidad y como parte de las modificaciones, terminará la pensión de los ex rectores, se designará desde el Congreso del Estado a un contralor que tenga a su cargo la fiscalización de los recursos de la Institución Educativa y enfáticamente establecerá la imposibilidad del Patronato Universitario para vender bienes de su patrimonio.

El Doctor Amador Rodríguez Lozano, futuro Secretario General de Gobierno a partir del 1 de noviembre, hizo tal anuncio señalando que la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados, presentarán la iniciativa al respecto, el próximo jueves en sesión de pleno, a solicitud del Gobernador Electo, Ing. Jaime Bonilla Valdez.

La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California data del año de 1957 y desde entonces no ha sufrido reformas trascendentes, por lo que no refleja la realidad, ni lo que está viviendo la Máxima Casa de Estudios en los tiempos actuales.
Explicó que uno de los principales elementos de la cuarta transformación, es terminar con fueros y privilegios, por ello dentro de las reformas a la Ley Orgánica dela UABC, se propone terminar con la pensión a los ex rectores señalando que hasta el año 2002, dicha la pensión se otorgaba de manera directa sin ningún tipo de tapujos, pero es a raíz de varias críticas que posteriormente se disfrazó la gratificación, creando el Centro de Estudios de la Universidad, donde los únicos que trabajan ahí, entre comillas trabajan, son los ex rectores de la propia Universidad.

Consideró que si bien es cierto que el presidente López Obrador eliminó la pensión de los presidentes de la República nivel nacional, pues esta misma circunstancia debe privar para quienes no devengan un salario y lo reciben solamente porque fueron rectores en una etapa de su vida.

Esta propuesta que presentarían los diputados de Morena y sus aliados este próximo jueves, también establecerá de manera tajante nombrar un contralor general de la universidad para que se encargue de la fiscalización de los recursos sin que esto afecte la autonomía universitaria que radica fundamentalmente en poder determinar sus propios planes de estudio y el contenido la libertad de la enseñanza.

Hizo hincapié que esta propuesta de crear desde el Congreso una Contraloría en la Universidad, tiene antecedente jurídico a partir de una resolución de un juicio de amparo por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que determinó que es perfectamente legal y constitucional nombrar contralores internos a la universidad.

Añadió que se dejará claro también en estas reformas, que el Patronato Universitario no tiene atribuciones para vender los bienes de la universidad.
Para finalizar enfatizó la importancia de señalar que esta propuesta surge del propio Gobernador Electo, solicitando a su bancada en el Congreso, presente estas iniciativas en su nombre.